Realidad Profesional | Revista del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires y su Caja de Seguridad Social
El gobierno de Javier Milei anunció el levantamiento del cepo cambiario para personas físicas y jurídicas, permitiendo la compra de dólar oficial de forma libre y sin restricciones. En esta nota, analizamos los pormenores del nuevo acuerdo con el FMI, las condiciones que desde la óptica libertaria hicieron posible esta medida y el impacto que podría tener en la economía real.
El 14 de abril fue el día elegido por el gobierno de Javier Milei para oficializar el levantamiento del cepo cambiario, que había vuelto a la escena política con Mauricio Macri en septiembre de 2019, siendo reforzado por Alberto Fernández en el primer año de su mandato.
Este concepto refiere al conjunto de restricciones que limitan el acceso a la compra de dólares en el mercado oficial, que suele implementarse para preservar las reservas del Banco Central, frenar la fuga de divisas y estabilizar variables macroeconómicas como el tipo de cambio o la inflación.
En esta nueva etapa, la apertura del cepo para la compra de moneda extranjera aplica tanto para personas físicas como jurídicas, eliminando el tope mensual de USD 200, por lo que cualquier individuo puede comprar dólares sin límite a través de su home banking, aplicaciones o canales digitales, y transferirlos entre cuentas sin restricciones.
Sin embargo, la Comunicación “A” 8226 del Banco Central de la República Argentina (BCRA) establece un tope de USD 100 mensuales para aquellos que quieran comprar en efectivo y retirar por ventanilla, con la obligación de firmar una declaración jurada que certifique no haber superado ese monto en el conjunto del sistema bancario.
Junto con la liberalización cambiaria, el Gobierno implementó un nuevo régimen de flotación administrada, en el que el dólar se moverá libremente dentro de un rango preestablecido por el BCRA, donde el piso será de $1.000 y el techo de $1.400.
Este sistema permite que el tipo de cambio refleje la oferta y demanda del mercado, teniendo la autoridad monetaria la potestad de intervenir en la puja de precios en caso de que se encuentren fuera de esa banda de flotación. Además, tanto el piso como el techo se actualizarán mensualmente un 1%, lo que significa que, con el tiempo, el rango se irá ampliando automáticamente, otorgando cada vez más libertad de movimiento a la cotización del dólar. Para diciembre del 2025, la banda superior alcanzaría los $1500, y la inferior se ubicaría por encima de los $900.
Si bien la decisión del levantamiento del cepo tiene su arista política e ideológica, la medida se “adelantó” a lo previsto por el propio mandatario, quien había indicado que esto sería posible recién el 1° de enero de 2026; la compra sin restricciones de la divisa norteamericana requiere una serie de condiciones contextuales. La primera y más importante, tener reservas en el BCRA: el Gobierno se aseguró un “colchón” de dólares a partir de una nueva negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para abastecer la demanda. El primer desembolso, de USD 12 mil millones, se concretó en abril; para junio, se espera que lleguen otros USD 2 mil millones, y antes de que termine 2025, se sumaría un desembolso adicional por USD 1.000 millones, completando así los USD 15.000 millones prometidos por el organismo.
Adicionalmente, el plan económico se apoya en una inyección de divisas provenientes de otros organismos multilaterales de crédito como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo por USD 6.100 millones, y una operación de “repo” del Banco Central con bancos del exterior por USD 2.000 millones más. Aquí, la autoridad monetaria vende un activo (por ejemplo, bonos) con el compromiso de recomprarlos en el futuro, aumentando de manera temporal sus reservas. El cálculo indica que el Gobierno Nacional contará con USD 23.100 millones de libre disponibilidad durante el 2025, lo que le dará margen para responder a la demanda de divisas en el mercado oficial.
A su vez, la eliminación de la emisión monetaria, el control del gasto público, y el superávit comercial, junto a la desaceleración de la inflación y la reducción de la brecha entre el dólar oficial y los dólares financieros, fueron indicadores considerados auspiciosos desde la óptica del Poder Ejecutivo libertario para quitar el cepo al dólar.
Entre los potenciales efectos positivos, el levantamiento del cepo podría tender hacia la eliminación o reducción de la existencia de múltiples tipos de cambio, posibilitando en el futuro la unificación cambiaria, otorgando mayor previsibilidad a empresas. Menores trabas a la hora de importar o girar divisas al exterior pueden colocar al país como un destino propicio para invertir, facilitando una mayor integración al comercio internacional.
En contraposición, está claro que cualquier ajuste cambiario puede trasladarse a precios: bienes o productos importados, combustibles, servicios dolarizados o alimentos podrían tener una suba al menos parcial en su precio, aumentando el costo de vida de la población, postergando la recuperación del consumo interno.
También, la flexibilización del cepo podría impactar en la producción nacional: si el dólar se mantiene cerca de la banda inferior en términos reales (por ejemplo, por debajo de los dólares financieros), algunos sectores exportadores o industriales podrían perder competitividad.
En definitiva, el levantamiento del cepo marca un punto de inflexión en la arquitectura económica argentina. Más que una medida aislada, constituye una apuesta por un nuevo régimen cambiario, con menor intervención estatal y mayor protagonismo del mercado. Su sostenibilidad dependerá, no solo del respaldo en reservas, sino de la capacidad del Estado para sostener la confianza, garantizar reglas claras y administrar los riesgos asociados a una economía cada vez más expuesta a la dinámica del mercado global.