Qué regula la prescripción tributaria y por qué importa

La prescripción en materia tributaria de la Ley 11.683 es la liberatoria, ya que es el modo de liberarse de una obligación tributaria por el transcurso del tiempo predeterminado por la ley y el silencio o inacción del titular. Establece el tiempo que tienen los sujetos de la obligación tributaria para hacer valer sus derechos.

Del lado del fisco: el derecho a determinar y exigir el pago de los tributos, como también a aplicar y a exigir el cumplimiento de sanciones —multas y clausuras—. Del lado del contribuyente: el derecho a repetir los importes pagados en exceso o indebidamente.

Este instituto supone siempre una tensión entre valores relevantes. Es que, de un lado, la seguridad jurídica y el razonable interés social exigen que las obligaciones no permanezcan vigentes indefinidamente (Argañarás), al arbitrio de acreedores que así podrían reclamar su crédito en cualquier tiempo, con deudores que permanecerían siempre sujetos a la presión de eventuales demandas por un vínculo inacabado.

• Plazos y cómputo

La regla general del art. 56 establece plazos de 5 años, salvo el de 10 años para contribuyentes considerados no inscriptos y el reducido de 3 años para el contribuyente cumplidor.

• Impuestos art. 57

Comienza a correr el plazo de prescripción del poder fiscal de determinar y exigir el pago de impuestos el 1º de enero siguiente al año en que se produzca el vencimiento.

• Sanciones artículos 58, 59 y 60

Comenzará a correr el término de la prescripción de la acción para aplicar multas y clausuras desde el 1º de enero siguiente al año en que haya tenido lugar la violación de los deberes formales o materiales (art. 58). Ej: Ingresos Brutos 12/2023.Vencimiento: 01/2024, sin presentar la declaración jurada. Aquí, la violación del deber formal fue en 01/2024. Inicio: 01/01/2025. Plazo: 5 años. Fin: 01/01/2030. Los plazos coinciden con el impuesto, porque la infracción ocurrió el mismo año que el vencimiento, es decir, durante 2024. No obstante, se debe estar atento, ya que a veces no coinciden (art. 59, independencia).

Ejemplo: no se emiten facturas de venta en 12/2023 (mes de ocurrencia), por lo que el inicio del cómputo de los plazos para la acción de aplicar sanciones comienza un año antes que el del impuesto, es decir, el 01/01/2024, y finalizaría el 01/01/2029.

Ahora, el término de la prescripción de la acción para hacer efectiva la multa y la clausura comenzará a correr desde la fecha de notificación de la “resolución firme” que la imponga (art. 60). Ejemplo: la resolución que impone la multa es notificada el 15 de marzo de 2021 y queda firme en esa fecha. Inicio: 15/03/2021. Plazo: 5 años. Fin: 15/03/2026. Si el fisco no ejecutó el cobro de esa multa antes del 15 de marzo de 2026, la acción para hacerla efectiva prescribió, aunque la multa haya sido válidamente impuesta.

Entonces tenemos dos momentos distintos en la vida de una sanción tributaria: uno es el momento de aplicación de la sanción (es decir, su imposición -art. 58-) y otro es el de hacerla efectiva, es decir, cuando el fisco la ejecuta (art. 60). Son dos acciones distintas y cada una tiene su propio plazo de prescripción con su propio inicio.

2. Pagos posteriores al vencimiento. Cada pago genera su propio plazo independiente, que corre desde el 1° de enero siguiente al año en que se realizó ese pago específico.

Causales de suspensión: Lo que paraliza el reloj

La suspensión detiene el plazo de prescripción mientras dura la causal y, una vez cesada, el plazo se reanuda. En esta instancia, la labor del contador se centra principalmente en llevar un registro ordenado de los plazos, identificando con precisión qué causales de suspensión se han configurado.

El art. 65 establece que la intimación administrativa de pago de tributos determinados suspende por 1 año el poder del fisco para exigir su pago, que la resolución condenatoria por la que se aplica multa suspende por 1 año la acción del fisco para exigir su cumplimiento, y que, si para ambos casos media recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal de la Nación, la suspensión se prolongará hasta noventa (90) días después de notificada la sentencia del mismo.

Por otra parte, establece otras causales de suspensión, como la causa penal en trámite, la aplicación de las normas del capítulo XIII correspondientes al Régimen Especial de Fiscalización, medidas cautelares, conciliación administrativa y la denuncia penal.

En el caso de que se evalúe la conveniencia de solicitar una medida cautelar, el letrado actuante debe advertir expresamente que el plazo prescriptivo quedará suspendido desde su dictado y hasta 180 días posteriores a su levantamiento. Su conveniencia debe analizarse cuidadosamente en función del caso concreto, especialmente cuando los plazos están próximos a operar.

Causales de interrupción: Donde el contador debe extremar su atención

El efecto de la interrupción de la prescripción es tener por no sucedido el lapso que la precede e iniciar uno nuevo. Por un lado, la prescripción de las acciones y poderes del fisco para determinar y exigir el pago del impuesto (art. 67) se interrumpe por el reconocimiento expreso o tácito de la obligación impositiva.

Por el otro, la prescripción de la acción para aplicar multa y clausura o para hacerla efectiva (art. 68) se interrumpirá por la comisión de nuevas infracciones. En estos casos el nuevo término comenzará a correr el 1° de enero siguiente al año en que tuvieron lugar dichas causales.

En ambos casos, interrumpe también la renuncia al término corrido y el Juicio de Ejecución Fiscal. Son estos los artículos más peligrosos para el contador, ya que incluyen causales de interrupción vinculadas a labores profesionales habituales.

El reconocimiento expreso o tácito del art. 67 es el gran peligro cotidiano: no necesita ser formal ni escrito. Lo hacemos, por ejemplo, al adherir a un plan de pagos, al presentar una declaración jurada rectificativa reconociendo mayor deuda, al responder un requerimiento sin oponer la prescripción, al realizar pagos parciales de algún período, etc. Cualquiera de estos actos implica reconocimiento de la obligación impositiva, interrumpe la prescripción y el plazo vuelve a correr desde el 1° de enero siguiente.

El protocolo correcto: antes de cualquiera de estos actos, el contador debe analizar si la deuda está prescripta. Si lo está, deberá derivar a un abogado para oponer la prescripción. Si actúa primero, el derecho a la prescripción se pierde.

Respecto de las sanciones de multa y clausura, la comisión de nuevas infracciones del art. 68 es la causal a la que mayor atención deberíamos tener. Esto significa que si un contribuyente sigue cometiendo la misma infracción (por ejemplo, sigue sin presentar DDJJ, continúa sin emitir facturas, etc.), cada nueva infracción interrumpe la prescripción de las anteriores y el plazo vuelve a correr desde cero.

También se interrumpe por la interposición de la demanda de repetición ante el Tribunal Fiscal de la Nación o la Justicia Nacional, y aquí el nuevo término comenzará a correr desde el 1º de enero siguiente al año en que venza el término dentro del cual debe dictarse sentencia. Lo que conviene tener presente como hilo conductor es que el sistema está diseñado para que el contribuyente diligente nunca quede sin acción por cuestiones de prescripción, siempre que haya presentado el reclamo en tiempo.

Un debate técnico aún abierto

Una parte de la doctrina sostiene que cuando el art. 2.560 del CCyCN refiere a “términos” alude solo a los plazos, sin modificar las causales de suspensión e interrupción, que seguirían rigiéndose por el CCyCN.

A esto se suma otra línea doctrinaria que sostiene que cuando el art. 2.560 refiere a "tributos" no comprende las sanciones, por lo que en materia sancionatoria seguiría vigente el criterio sentado por la CSJN en "Alpha Shipping" (2023), que dispuso la aplicación del plazo de 2 años del Código Penal para las multas tributarias.

Otros señalan que el CCyCN no puede delegar en una ley especial la regulación de un instituto del derecho de fondo. Lo cierto es que la unificación bajo la Ley 11.683 representa, en muchos casos, un régimen más favorable al fisco que el que ofrece el CCyCN. El contribuyente que litigue podrá argumentar que solo el plazo se rige por la Ley 11.683 y que las causales de suspensión e interrupción más benignas del CCyCN le son aplicables. Otros argumentarán que esta remisión a la Ley 11.683 es inconstitucional, y si lo fuera, nos lleva a volver a aplicar el CCyCN para todo lo que es prescripción local y con ello la prescripción de 2 años del art. 2.562, que establece en su inciso c) que prescriben a los dos años los reclamos de todo lo que se devenga por años o plazos periódicos más cortos, excepto que se trate del reintegro de un capital en cuotas.

Lo que nunca debería perderse de vista, en cualquier postura que se adopte, es la razón de ser del instituto. La prescripción existe para garantizar seguridad jurídica: para que las reglas del juego sean claras tanto para el fisco como para el contribuyente. Un plazo de 10 años en el contexto económico actual roza lo irrazonable. Más aún cuando ese plazo puede extenderse mediante intimaciones automáticas que camuflan la inacción estatal real.

El fisco no debería preocuparse por cómo estirar los plazos prescriptivos, sino en cómo ser más eficiente en la verificación, determinación y cobro de las obligaciones dentro de términos razonables. Un marco normativo claro, con causales de suspensión e interrupción que reflejen actividad fiscalizadora real, genera mayor transparencia, mayor seguridad jurídica y -paradójicamente- mayor recaudación: el contribuyente que confía en las reglas cumple más.

En consecuencia, así como la seguridad jurídica es el fundamento central de la prescripción, la buena fe, que en el Código unificado se anida en un enunciado normativo amplio, considerado "un supra y principio jurídico que influye en todos los estamentos de la ciencia del derecho" —conf. art. 9º— (Highton) y cobra nuevos significados en un régimen jurídico que se pronuncia por la protección de las personas más débiles, actuará sin duda como contrapeso. Para el contador, la conclusión práctica es sencilla: conocer el mapa, registrar cada notificación, no tomar decisiones irreversibles sin consultar al abogado, y nunca olvidar que detrás de cada plazo hay un cliente cuyo patrimonio depende de que hagamos bien nuestro trabajo.