¿Cuándo un Contador Público
es Sujeto Obligado ante la UIF?

En este punto, la Resolución UIF 42/2024 incorporó precisiones relevantes. En materia de auditoría, por ejemplo, la obligación alcanza a informes confeccionados bajo RT 37 respecto de entidades incluidas en la ley y también de otras que, según su estado de resultados, registren ingresos ordinarios iguales o superiores a 4.000 salarios mínimos, vitales y móviles, valuados a la fecha de cierre del ejercicio.

Además, la norma establece ciertos umbrales para actividades específicas, como operaciones sobre inmuebles por más de 700 salarios mínimos, administración de bienes u otros activos por encima de 150 salarios mínimos y administración de cuentas por encima de 50 salarios mínimos. Es decir, no se trata de una obligación abstracta ni general: depende del encuadre concreto de la tarea profesional.

Hasta ahí llega la primera aclaración importante. Pero hay una segunda, igual de relevante: cuando el contador queda alcanzado, la obligación no se agota en reportar operaciones sospechosas.

Durante mucho tiempo, buena parte del debate profesional sobre UIF quedó reducido al ROS. Sin embargo, el régimen actual exige bastante más. Ser sujeto obligado supone cumplir con un sistema de prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LAFTFP), guardar documentación y efectuar un monitoreo que impacta en la forma en que el profesional organiza su trabajo.

Esto obliga a repensar el tema en una clave más amplia. La prevención no puede ser tratada como una obligación secundaria ni como una exigencia meramente formal. Para el profesional alcanzado, pasa a formar parte de la estructura misma del ejercicio: cómo conoce a su cliente, cómo respalda una decisión, cómo documenta una operación y cómo construye criterios de análisis. Sin embargo, es importante reconocer que quienes realizan la labor de auditoría conforme a las normas contables ya están dando cumplimiento a gran parte de las tareas de prevención de LAFTFP.

En ese contexto, también cambia el modo de entender el ROS: la operación sospechosa no depende del monto. Puede surgir de una inconsistencia, de una falta de justificación económica o jurídica, de una operatoria que no se corresponde con el perfil del cliente o de una inusualidad que, luego del análisis, no logra ser razonablemente explicada.

Cuando esa sospecha se confirma, los plazos son exigentes. Conforme al texto vigente de la Resolución UIF 42/2024, modificado por la Resolución 56/2024, la normativa prevé que el ROS debe remitirse con la mayor prontitud posible, dentro de los 15 días corridos desde que el sujeto obligado concluye que la operación reviste carácter sospechoso, y en todo caso sin superar los 150 días corridos desde la operación realizada o tentada. Para los supuestos de financiación del terrorismo, el plazo se reduce a 24 horas. A eso se suma una exigencia decisiva: la confidencialidad del reporte.