Entre comparables e IA: Los nuevos
desafíos de los precios de transferencia

Este último cambio merece especial atención. Cuando la administración establece el parámetro de contraste, parte de la discusión se desplaza desde la selección del comparable hacia la representatividad y razonabilidad del índice. La estandarización reduce costos de cumplimiento, pero abre nuevos espacios de controversia técnica.

El punto débil sigue siendo el comparable

La regla del método más apropiado, receptada por la normativa argentina y por las Directrices de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) no elimina el problema central. El precio comparable entre partes independientes, el precio de reventa, el costo más beneficios, la división de ganancias y el margen neto de la transacción descansan, en distinta medida, sobre la existencia de información confiable y económicamente comparable.
En la práctica no siempre hay comparables locales suficientes. El profesional recurre a paneles regionales o globales, aplica filtros de independencia y actividad, revisa descripciones funcionales, segmenta líneas de negocio y evalúa la necesidad de ajustes.
Cuando existen dos o más operaciones comparables, la normativa dispone la determinación de la mediana y del rango intercuartil: si el resultado de la parte evaluada cae dentro del rango, se considera pactado entre partes independientes; si queda fuera, el parámetro de ajuste es la mediana, con la consiguiente diferencia de impuesto, intereses y, según las circunstancias del caso, consecuencias sancionatorias.
El rango reduce la influencia de los valores extremos y aporta robustez estadística, pero no subsana diferencias materiales de comparabilidad que debieron identificarse y ajustarse previamente. Y, fuera de los índices que puedan fijarse para ciertos bienes con cotización, la administración no proporciona una base general de comparables ni márgenes sectoriales: la carga de construir el término de comparación, y de defenderlo, recae sobre el contribuyente y sus asesores.

La prueba pesa tanto como el método

La experiencia contenciosa argentina muestra que las controversias rara vez se limitan a discutir un precio unitario. El debate suele concentrarse en la caracterización funcional de las partes, en la justificación del método, en la confiabilidad de las fuentes, en la fecha y representatividad de las cotizaciones, en la segmentación de la información financiera, en los ajustes de comparabilidad y en la correspondencia entre contratos, conducta efectiva y resultados económicos.
De esa experiencia pueden extraerse cinco pautas operativas: análisis funcional robusto, método justificado, ajustes explicitados, evidencia contemporánea a las operaciones y consistencia entre la narrativa global del grupo y los resultados informados en cada jurisdicción.
Cabe una advertencia adicional: la jurisprudencia no es un repertorio de fórmulas. Cada precedente responde a hechos, pruebas y etapas procesales determinadas, y su incorporación a un estudio exige precisar qué cuestión fue decidida y cuál fue el alcance efectivo del pronunciamiento.

Lo que la tecnología resuelve

Sobre este escenario irrumpieron las herramientas algorítmicas, y conviene reconocer su aporte sin ingenuidad. Hoy resultan aplicables, con resultados verificables, a la validación de facturas de importación contra valores de referencia, a la detección de cláusulas que asignan a la filial riesgos que un tercero independiente no asumiría, al tamizado de universos de comparables, al monitoreo de márgenes contra el rango durante el ejercicio y a la redacción de borradores a partir del análisis funcional ya elaborado.
Ese último punto es el más malinterpretado: la herramienta redacta bien lo que el profesional ya decidió, pero no decide. Y el mayor rendimiento no está en la redacción sino en el control anticipado. Detectar un desvío en el tercer trimestre permite corregir la política de precios; detectarlo después del cierre solo permite justificarla. La asimetría, además, ya no favorece al contribuyente: el CIAT documentó el uso creciente de inteligencia artificial por las administraciones tributarias para asignar puntajes de riesgo y cruzar el estudio local, el Informe Maestro y el reporte país por país.

Simplificar en lugar de buscar

La tendencia internacional muestra un avance de los mecanismos estandarizados. El Monto B del Pilar Uno fue incorporado a las Directrices de la OCDE en 2024 como enfoque simplificado y racionalizado para determinadas actividades básicas de comercialización y distribución, con el propósito de reducir la complejidad y los costos de aplicar el principio de plena competencia operación por operación. No elimina universalmente la búsqueda de comparables ni reemplaza el análisis funcional: establece una metodología estandarizada para un conjunto delimitado de operaciones y bajo condiciones específicas.
El régimen argentino no incorporó ese enfoque como regla general, pero la comparación con los índices o precios de referencia previstos para determinados bienes con cotización resulta conceptualmente relevante. Las técnicas difieren; la preocupación es común. Cuando la búsqueda individual de comparables es costosa, controvertida o poco confiable, los reguladores tienden a introducir parámetros estandarizados. El desafío consiste en que la simplificación no derive en una desconexión respecto de los hechos económicamente relevantes.

Qué cambia para el ejercicio profesional

El efecto neto de estas transformaciones no es la desaparición del profesional, sino el desplazamiento de su valor agregado. La consistencia entre el Estudio de Precios de Transferencia, el Informe Maestro, el Informe País por País y los estados contables deja de ser una recomendación general, porque las inconsistencias se detectan con creciente rapidez. El trabajo se corre hacia etapas más tempranas: la política intragrupo debe diseñarse, documentarse y monitorearse durante el ejercicio, no justificarse únicamente después del cierre.
Y la certificación conserva un valor específico, porque la normativa exige que el formulario correspondiente contenga el estudio, la certificación profesional y las firmas digitales del contribuyente o responsable, del profesional certificante y del representante del Consejo Profesional en el que se encuentre matriculado. Esa responsabilidad no se transfiere a la herramienta utilizada.
La tecnología modificó el costo de buscar, clasificar y procesar información; no modificó el estándar que debe satisfacerse. Sigue vigente una regla esencial del oficio: el método más apropiado es aquel que se apoya en la mejor evidencia disponible, refleja adecuadamente los hechos y requiere la menor cantidad razonable de supuestos. En un régimen más selectivo en su alcance, más automatizado en sus controles y más exigente en su contenido, la capacidad de cómputo puede mejorar el trabajo, pero es el criterio técnico el que distingue un estudio defendible de un cumplimiento formalmente prolijo.