¿Qué pasa cuando un sistema clasifica a un cliente como de bajo riesgo y, meses después, alguien pregunta por qué se tomó esa decisión? La automatización puede ayudar a detectar operaciones inusuales, ordenar alertas y ahorrar tiempo. Pero si interviene en una decisión, también tiene que ser posible reconstruir qué datos utilizó, qué revisó la persona y por qué validó —o no— esa recomendación. En esta ocasión, los autores ponen el foco en un desafío cada vez más presente: separar con claridad lo que propone la herramienta de lo que decide el profesional. Porque la tecnología puede asistir el proceso, pero la responsabilidad y la capacidad de justificar cada decisión siguen siendo humanas.

ARTÍCULO PUBLICADO EL 2026-11-20
Edición N. 154 - Noviembre / Diciembre 2026

NOTAS DE AUTOR




Dr. Diego Balbi
Contador Público (Tomo 120, Folio 183,
Consejo Profesional de Ciencias Económicas
de la Provincia de Buenos Aires).



Dra. Ana Julia Gavilán
Contadora Pública (Tomo 362, Folio 384,
Consejo Profesional de Ciencias Económicas
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires).



Ulises Lento
Analista de Transfer Pricing,
Grant Thornton Argentina.
Investigador en gobernanza algorítmica.
Autor de la metodología TRIA.

El oficial de cumplimiento siempre tuvo una tarea clara: conocer al cliente, detectar lo inusual y reportar lo sospechoso. Lo que cambió es cómo lo hace. Hoy, cada vez más, una herramienta analiza los movimientos, asigna un nivel de riesgo y avisa qué conviene mirar.
Eso libera horas. Pero trae una pregunta nueva: cuando el sistema sugiere y la persona decide, ¿queda registrado quién decidió qué, y por qué?

 

Un caso cotidiano

Una empresa alcanzada por la normativa de prevención de lavado usa una herramienta que clasifica a sus clientes por nivel de riesgo. El sistema marca a un cliente nuevo como «riesgo bajo». El oficial de cumplimiento mira el legajo, no ve nada extraño y lo aprueba.
Meses después, ese cliente empieza a operar montos que no encajan con su perfil. En una revisión, alguien pregunta: ¿por qué se lo consideró de riesgo bajo?
Sin registro, la única respuesta disponible es “lo dijo el sistema”. Y esa respuesta no alcanza: ante el organismo de control, quien responde es la persona, no la herramienta.
Con un registro mínimo, la respuesta es otra: qué datos usó el sistema, qué verificó el oficial -documentación, actividad declarada, fuentes consultadas- y por qué coincidió con la clasificación. Quizás la decisión fue correcta con la información que había. La diferencia es poder demostrarlo.

 

Por qué importa ahora

  • Más señales que tiempo. Las herramientas automáticas multiplican las alertas. Si la mayoría resultan falsas, revisarlas se vuelve un trámite y se descarta por costumbre. La revisión existe en los papeles, pero no en los hechos.
  • El enfoque basado en riesgo pide justificar. La prevención del lavado ya no se mide solo por cumplir pasos, sino por poder explicar por qué cada cliente y cada operación recibieron el tratamiento que recibieron. Si un sistema participó de esa decisión, su parte también tiene que poder explicarse.
  • La responsabilidad no se terceriza. El oficial de cumplimiento es la persona designada ante el organismo de control. Que un criterio lo haya sugerido una máquina no cambia quién responde por él.
  • Inteligencia Artificial en las sombras. Un colaborador copia el legajo de un cliente en una herramienta de IA pública para resumirlo más rápido. Lo hace de buena fe, pero acaba de sacar información confidencial y datos personales fuera de la organización, sin que nadie lo sepa.

 

La competencia nueva: Separar lo que propone el sistema de lo que decide la persona

Así como el oficial de cumplimiento aprendió a armar una matriz de riesgo o un legajo de cliente, ahora debe sumar otra habilidad. TRIA -Trazabilidad, Razonamiento, Inteligencia Artificial, Auditoría-, metodología registrada en Argentina (DNDA, Legajo N° RL-2026-46255181), la ordena en tres capas que hoy suelen quedar mezcladas:

  1. Lo que dijo el sistema: la clasificación o la alerta, y el motivo que la disparó;
  2. Lo que revisó la persona: qué miró, qué fuentes consultó, qué descartó y por qué;
  3. Lo que se decidió: aprobar, profundizar o reportar, con un fundamento breve, fecha y responsable.

Separarlas no agrega burocracia: evita que la salida del sistema y el criterio profesional se confundan. 
Si mañana alguien pregunta, la respuesta no depende de la memoria de nadie.

 

Revisar no es lo mismo que supervisar

Que una persona “esté en el circuito“ no alcanza. Para que su participación sea real necesita cuatro condiciones: información completa, tiempo suficiente, capacidad técnica para entender lo que el sistema le muestra y autoridad para contradecirlo. Con cientos de alertas y dos horas para revisarlas, no hay supervisión: hay convalidación.
Es lo que llamamos supervisión escéptica sustantiva: no aceptar ni rechazar de antemano lo que propone el sistema, sino verificarlo contra los hechos, la norma y el criterio propio; delegar una tarea en una máquina no es delegar la responsabilidad.

El uso de herramientas de IA no autorizadas puede sacar datos sensibles del entorno de control de la organización sin dejar un registro claro de qué información fue compartida, por quién ni con qué finalidad.
“
Que un criterio lo haya sugerido una máquina no cambia quién responde por él.
”

La normativa de prevención del lavado de activos incluye a los profesionales en Ciencias Económicas entre los sujetos obligados, en los supuestos que ella define. Por eso este tema se lee desde dos lugares: como asesores de organizaciones que tienen un oficial de cumplimiento, y como profesionales que también deben poder justificar sus propias decisiones.

 

Tres preguntas para empezar

  1. ¿Podemos explicar por qué cada cliente quedó en el nivel de riesgo en el que está?
  2. ¿Sabemos quién definió los criterios de la herramienta y cuándo se revisaron por última vez?
  3. ¿Sabemos si alguien del equipo usa herramientas de IA no autorizadas con datos de clientes?

Si alguna consulta no tiene no respuesta clara, ahí está el punto de partida. No hace falta infraestructura nueva: alcanza con registrar, en cada decisión, qué dijo el sistema, qué se revisó y qué se decidió. Ese registro mínimo es, en esencia, TRIA funcionando. La automatización sin trazabilidad no es modernización. Es riesgo diferido.

BIBLIOGRAFÍA

1. Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), (2026).Las Recomendaciones del GAFI: Estándares internacionales sobre la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo y de la proliferación. Ver especialmente la Recomendación 1, sobre enfoque basado en riesgo.
2. Financial Action Task Force (FATF). (2021).Opportunities and Challenges of New Technologies for AML/CFT.
3. Tabassi, E. (2023).Artificial Intelligence Risk Management Framework (AI RMF 1.0). National Institute of Standards and Technology.

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Ciencias Económicas, inteligencia artificial, metodología, profesionales, trazabilidad, supervisión, responsabilidad, sistema, TRÍA, revisión, prevención,
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