La coparticipación argentina distribuye recursos entre provincias con coeficientes fijos que no se actualizan según su capacidad económica ni sus desigualdades actuales. La nota propone mirar el problema desde otra pregunta: no cuánto recauda cada provincia, sino cuánto podría recaudar si aplicara un esfuerzo tributario comparable al resto. Esa diferencia permite separar las limitaciones estructurales de las decisiones propias de la política fiscal. A partir de una regla inspirada en el modelo canadiense, el Dr. Fernando Del Puerto analiza cómo estimar esa capacidad con datos públicos y contrastarla con los recursos que efectivamente recibe cada jurisdicción. El objetivo no es reemplazar la negociación política, sino sumar un criterio técnico verificable para discutir qué se compensa, por qué y con qué medida.

 

ARTÍCULO PUBLICADO EL 2026-11-13
Edición N. 154 - Noviembre / Diciembre 2026

NOTAS DE AUTOR

Dr. Fernando del Puerto Dr. Fernando del Puerto Contador Público (Tomo 172, Folio 96)
y Licenciado en Economía (Tomo 2, Folio 244),
Consejo Profesional de Ciencias Económicas
de la Provincia de Buenos Aires.
Magíster en Finanzas (UCEMA).
Especialista en Finanzas,
Portfolio Management e IA Aplicada.
Integrante del Comité Evaluador
del CECyT – FACPCE, en representación
de los Licenciados en Economía.

La reforma constitucional de 1994 fijó un estándar exigente para la distribución de recursos entre la Nación, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El artículo 75 inciso 2 dispone que el reparto sea equitativo y solidario, y que de prioridad al logro de un grado equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional. Una cláusula transitoria previó que el nuevo régimen se sancionara antes de finalizar 1996. No ocurrió. La distribución continúa rigiéndose, en lo sustancial, por la Ley 23.548, sancionada en 1988 y concebida —según su propio texto— como un régimen transitorio.
El punto no es solamente la antigüedad de la norma, sino su arquitectura. Los coeficientes de distribución secundaria son porcentajes fijos, herederos de negociaciones históricas, que no responden a una fórmula explícita ni se actualizan en función de indicadores de desigualdad territorial. El sistema reparte, pero no declara con qué criterio.
El federalismo fiscal distingue dos problemas de naturaleza distinta. El desequilibrio vertical describe la brecha entre los recursos que concentra la Nación y las responsabilidades de gasto que recaen sobre las provincias: educación, salud, seguridad, infraestructura y administración territorial. El desequilibrio horizontal, en cambio, refiere a las diferencias entre jurisdicciones de un mismo nivel de gobierno, que enfrentan condiciones desiguales para financiar funciones comparables.
La magnitud del segundo problema en Argentina es considerable. Medida por Producto Bruto Geográfico per cápita —indicador sintético de la base económica de cada jurisdicción—, la distancia entre la provincia de mayor y la de menor producto por habitante se ubica en torno a seis veces. Esa brecha no es una curiosidad estadística: condiciona de manera directa la posibilidad de generar recursos propios y, por lo tanto, el grado de dependencia respecto de las transferencias nacionales.

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Una provincia puede recaudar poco por razones estructurales —base imponible reducida, informalidad, escasa densidad de actividad económica formal— o por razones de conducta.
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La coparticipación distribuye recursos entre jurisdicciones con realidades económicas muy diferentes. La discusión es si ese reparto debería apoyarse en coeficientes históricos o en una medición actualizada de la capacidad fiscal de cada provincia.

La brecha, sin embargo, admite dos lecturas muy distintas. Una provincia puede recaudar poco por razones estructurales —base imponible reducida, informalidad, escasa densidad de actividad económica formal— o por razones de conducta: menor esfuerzo tributario, administración fiscal débil, decisiones de política propias.
La diferencia es decisiva para el diseño institucional. Un esquema que compense la recaudación efectivamente observada termina premiando, sin proponérselo, a quien recauda menos por decisión propia. Es lo que advierte la literatura de segunda generación del federalismo fiscal: las transferencias no solo redistribuyen, también generan incentivos.
Por eso, los sistemas de igualación basados en capacidad fiscal no toman como referencia únicamente la recaudación observada, sino cuánto podría recaudar una jurisdicción si aplicara sobre su base económica un esfuerzo tributario comparable al del resto. Se trata de una medida potencial, no efectiva, que compensa la restricción estructural y deja fuera la decisión discrecional.

 

Una adaptación argentina inspirada en Canadá, en cuatro pasos

Canadá constituye la referencia más clara de este enfoque: compara la capacidad fiscal de cada provincia con un estándar nacional y compensa a las que quedan por debajo. No iguala resultados económicos; iguala la posibilidad de financiar servicios a partir de bases tributarias comparables. Su virtud principal es la transparencia. Su límite, que no incorpora diferencias de costos de prestación, dimensión que sí contempla el modelo australiano, más preciso pero más exigente en información.
La pregunta, entonces, es cómo traducir esa lógica a una regla aplicable con información disponible en Argentina. Tomando como referencia el enfoque de capacidad fiscal desarrollado por Rezk para nuestro país, el ejercicio puede sintetizarse en cuatro operaciones sobre datos públicos:

  • Se calcula una presión tributaria efectiva agregada de referencia: la relación entre el total de recursos tributarios propios provinciales y el total del producto geográfico de las jurisdicciones. Esta medida funciona como benchmark común del ejercicio;
  • Se asigna a cada provincia una presión nocional: si su presión efectiva se ubica por debajo de la referencia, se le imputa la referencia; si la supera, se conserva el valor observado. La regla es asimétrica a propósito: impide que una baja presión efectiva se traduzca automáticamente en una compensación mayor;
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Lo que el contraste revela no es si una provincia recibe de más o de menos, sino si el régimen distribuye en función de una brecha medida o de un coeficiente heredado.
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  • Se estima la recaudación nocional per cápita, aplicando esa presión sobre el producto geográfico por habitante. El resultado aproxima cuánto podría recaudar cada jurisdicción bajo un criterio común;
  • Se define el estándar nacional —el promedio de esas recaudaciones nocionales, ponderado por población— y se calcula la compensación como la diferencia positiva entre el estándar y la capacidad de cada provincia. Las jurisdicciones que superan el umbral no reciben compensación.

Las cuatro variables que alimentan el cálculo —producto geográfico, población, recursos tributarios propios y recursos de origen nacional— provienen de fuentes oficiales: CEPAL, INDEC y la Secretaría de Hacienda de la Nación. El ejercicio es, en ese sentido, íntegramente replicable.

 

Del cálculo al contraste

El interés del ejercicio no reside en el número que arroja, sino en la comparación que habilita. Una vez estimada la compensación que correspondería a cada provincia bajo la regla, puede contrastársela con los recursos de origen nacional y con la coparticipación que efectivamente recibe por habitante.
Esa comparación permite ordenar a las jurisdicciones en tres categorías: alineadas, cuando ambas magnitudes guardan correspondencia; potencialmente subcompensadas, cuando la brecha de capacidad fiscal supera lo que el sistema reconoce; y potencialmente sobrecompensadas, cuando ocurre lo inverso.
Conviene ser preciso sobre el alcance de esa lectura. Un desvío no constituye, por sí solo, una anomalía: las transferencias nacionales atienden objetivos múltiples, no solo la igualación horizontal. Lo que el contraste revela no es si una provincia recibe de más o de menos, sino si el régimen distribuye en función de una brecha medida o de un coeficiente heredado. Son preguntas distintas, y la segunda es la relevante.
La honestidad metodológica exige señalar los límites. El enfoque mide capacidad fiscal, no necesidad fiscal: no capta los costos diferenciales de proveer servicios en territorios dispersos, de baja densidad o con estructuras demográficas particulares. El producto geográfico per cápita aproxima la base económica, pero dos provincias con producto similar pueden presentar niveles de formalidad y bases imponibles muy distintos.
Los resultados dependen, además, del estándar elegido. Un promedio ponderado, un promedio simple o una presión condicionada que excluya valores extremos pueden modificar tanto la nómina de provincias compensables como la magnitud de las compensaciones. De ahí que el análisis de sensibilidad no sea un accesorio del ejercicio: es parte de él.

La reforma constitucional de 1994 estableció que la distribución de recursos debía responder a criterios objetivos, equitativos y solidarios, y ordenó sancionar un nuevo régimen de coparticipación antes de finalizar 1996. Tres décadas después, esa ley convenio continúa pendiente.

Del debate fiscal al ejercicio profesional

Podría pensarse que se trata de una discusión reservada a la política. No lo es. Tres razones la vuelven materia profesional.
La primera es diagnóstica. La presión tributaria efectiva provincial —recursos propios sobre producto geográfico— es un indicador que puede calcularse con datos públicos y que explica buena parte de la orientación tributaria de una jurisdicción. Permite observar dónde podría existir margen para revisar bases y alícuotas y dónde la carga sobre el contribuyente ya aparece tensionada. 
La segunda es de asesoramiento. Las decisiones de radicación, los regímenes promocionales y la planificación de estructuras multijurisdiccionales operan sobre este mapa. Comprender por qué una provincia sostiene determinada política tributaria supone entender su posición relativa dentro del sistema de transferencias.
La tercera es institucional. Los profesionales en Ciencias Económicas que se desempeñan en la administración pública provincial y municipal, en organismos de control o en la asesoría legislativa, participan de esta discusión con herramientas técnicas. Una matriz federal de capacidad fiscal publicada periódicamente —con producto per cápita, recursos propios, presión efectiva, recaudación nocional y brecha de igualación por jurisdicción— convertiría un debate de negociación en uno de evidencia.
La discusión pública sobre el federalismo fiscal argentino se ha concentrado, con razón, en cuánto reciben las provincias y por qué vía. La pregunta previa, sin embargo, sigue sin respuesta institucional: con qué criterio.
Una regla de igualación por capacidad fiscal no resuelve el federalismo argentino ni sustituye la negociación política que cualquier ley convenio exige. Ofrece algo más modesto y acaso más útil: una referencia técnica verificable para evaluar el régimen vigente. Permite responder cuatro preguntas que hoy carecen de respuesta explícita: qué se compensa, por qué se compensa, cuánto se compensa y con qué periodicidad se actualiza esa compensación.
Casi cuatro décadas después de una ley concebida como transitoria, disponer de esa respuesta ya no parece una exigencia excesiva.

Los contenidos que se publican son de exclusiva responsabilidad de sus autores y no expresan necesariamente el pensamiento de los editores.

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PBI, recaudación, provincias, recursos, Federalismo fiscal, coparticipación federal, capacidad fiscal, distribución, transferencias nacionales, desequilibrio fiscal, presión tributaria,
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