El cambio de paradigma en la legislación concursal

A diferencia del texto del código civil derogado que establecía una regla en la interpretación de las normas, indicaba la supletoriedad del derecho común ante la laguna del derecho especial, el criterio sentado en la norma vigente en cambio, pone el acento en la constitucionalización del derecho privado.

La definición de orden público es un punto fundamental con fundamento constitucional conectado a la paz, seguridad, moral y buenas costumbres, principios obligatorios para el orden social de un pueblo en una época determinada.

El orden público concursal, es una expresión específica con principios y normas propias, imperativas integradas al orden jurídico y la ley de bancarrotas en esta nueva concepción de ninguna manera puede contrariar el orden público general.
De manera que se ha logrado una suerte de unificación a la legislación codificada considerada como un “microsistema legal autosuficiente” que no puede desatender la supremacía constitucional.

El Orden Público Concursal y la articulación con el derecho general

La legislación concursal admite principios propios a saber: de concurrencia por parte de los acreedores, de igualdad ante la ley, la famosa “pars condictio creditorum” principio en el cual todos los acreedores son iguales ante la ley.

En los últimos tiempos estos principios se han ido desvirtuando. La ley concursal ha incluido la “categorización de acreedores” admitiendo la presentación de propuestas diferenciadas para cada categoría, regulación que va zanjando un camino en el sentido de diferenciar a los mismos, debilitando el principio de igualdad.

Al ente de recaudación fiscal -AFIP- tanto la doctrina como jurisprudencia categoriza en forma separada con la adhesión del deudor al plan de facilidades de pago siendo este también un claro ejemplo del debilitamiento del principio de igualdad.

En el caso de otros acreedores la ley los exceptúa de la insinuación ante la sindicatura, tal es el caso de los acreedores laborales, quienes pueden solicitar el pronto pago laboral, obteniendo además una preferencia temporal en el cobro.
Y la jurisprudencia ha avanzado más aún. Los acreedores “vulnerables”, menores, enfermos, de edad avanzada, etc. pueden solicitar y obtener la preferencia en el cobro del pronto pago –aunque la ley solo prevé este instituto para los acreedores laborales- con base en la incorporación de Tratados Internacionales que poseen jerarquía constitucional.

Conclusión

Sin lugar a dudas, en estos últimos años, y específicamente a partir del mes de agosto de 2015, fecha en que entró en vigencia el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, se ha constitucionalizado el derecho comercial y civil. 

El orden público concursal, con principios propios y de excepción, cede sin lugar a dudas, ante el orden público general del Código Civil y Comercial de la Nación, poniendo en tela de juicio los principios y lineamientos concursales propios del derecho de insolvencia.