Especialistas en tributos de la actividad agropecuaria analizan el potencial de las economías regionales, hacen foco en el sistema impositivo actual y proponen una serie de medidas de política tributaria que debieran implementarse que ampliarían la base de imposición y contribuirían a evitar la acumulación de saldos a favor, sin implicar desfinanciamiento estatal.

Edición N. 116 - Julio / Agosto 2020

NOTAS DE AUTOR




Dra. Melisa Lucía Zabala Chiaradía
cp.m.zabala@gmail.com
Contadora Pública y Maestranda en Contabilidad Internacional
Asesora en Contabilidad y Gestión Agropecuaria, consultora en Impuestos y legislación laboral rural. Capacitadora incompany.
Docente universitaria, investigadora y autora de trabajos y ponencias.




Dr. Alberto Marcelo Bello
ambello@constantin-global.com.ar
Contador Público y Licenciado en Administración. Magister en Tributación.
Especialista en Derecho Tributario. Docente universitario, investigador y autor de trabajos y ponencias. Miembro de la Asociación Argentina de Estudios Fiscales (AAEF) y de la International Fiscal Association (IFA).


Las Economías Regionales (en adelante, ERs) tienen potencial suficiente para impulsar la actividad económica en sus áreas de influencia, empero, la falta de financiamiento productivo y la inusitada presión fiscal que recae sobre las mismas acrecientan la problemática que aqueja a dichos sectores.

Al resultar de capital intensivo, se requieren inversiones sustanciales para tornarlas competitivas, y para ello se deben generar las condiciones necesarias para atraer inversores, mediante reformas estructurales que tengan un horizonte de largo plazo.

La aplicación del nuevo esquema de retenciones sobre exportaciones impacta de manera disímil en las diversas ERs que se encuentran diseminadas a lo largo y ancho de nuestro país. Ello implica que el impacto de las mismas dependerá de sus estructuras de costos, las cuales en general se encuentran dolarizadas, de manera tal que recortarán su margen de utilidad.

Ante la elevada carga tributaria que soportan las ERs, que han reducido sustancialmente su productividad y competitividad respecto a productores de la región o de otros países foráneos, se encuentran ante una situación de extrema vulnerabilidad frente a la competencia de los productos importados en el mercado interno.

 

Problema

En general, las ERs están representadas por PyMEs de producción de capital intensivo de alto impacto en la generación de empleos. En este contexto, el mapa de las ERs es muy heterogéneo, dado que hay producciones, que se encuentran integradas en un 100% en el mercado interno, siendo ellas las más perjudicadas por la actual coyuntura, dado que tienen sus costos dolarizados y la demanda en dichos mercados ha caído abruptamente.

Debe contemplarse que aquellos productores que logren incursionar en mercados externos estarán alcanzados por retenciones sobre las exportaciones y rebaja de reintegros, que recortan sus márgenes de utilidad, aunque igualmente alcanzarían a cubrir sus costos y obtener una rentabilidad considerable, dado que obtienen sus ingresos en divisas.

Es por ello, que se requieren medidas de política fiscal que apunten a implementar reformas estructurales, a partir de una reforma tributaria de largo plazo, acompañada por una reforma laboral que permita reducir la actual carga tributaria que recae sobre las ERs, a los efectos de que las mismas sean más competitivas respecto a otros mercados de la región.

Más de la mitad de los costos productivos quedan representados por impuestos, que impactan directamente en PyMEs de las ERs y para potenciarlas también implica inversiones, que si enfatizamos la actual situación, con un 60% de incidencia impositiva en el margen agrícola, por ejemplo, hace inviable la posibilidad del productor de invertir en capital de trabajo para poder garantizar un crecimiento sostenible, idéntica situación se genera en el sector ganadero.

 

Estrategia

El actual esquema impositivo que incluye impuestos distorsivos, retenciones sobre las exportaciones y reducción de subsidios a las mismas, afecta sustancialmente la competitividad de determinados productos regionales, dado que en otros países no solo no se aplican retenciones, sino que además subsidian a la producción.

En este contexto, resulta fundamental que la política tributaria no tenga por objeto exclusivamente la recaudación tributaria, sino que apunte a mejorar la competitividad y productividad de determinados sectores, es decir, que se enfoque en las ERs.

Para ello, se debe potenciar el desarrollo de las producciones regionales y propiciar mayor competitividad a los productores a los efectos de generar un círculo virtuoso mediante la inversión y creación de valor.

Se deben generar las condiciones necesarias para atraer inversores, mediante reformas estructurales que tengan un horizonte de largo plazo.

Desde antaño las reformas tributarias impulsadas por los gobiernos de turno han adoptado medidas cortoplacistas que han tenido por objeto resolver problemas de coyuntura, empero, en el actual contexto se requieren medidas de política fiscal que apunten a implementar reformas estructurales, a partir de una reforma tributaria que contemple la eliminación de los impuestos distorsivos y reduzca la presión tributaria que recae sobre las ERs.

Ello debe ser complementado con una reforma laboral y mayor seguridad jurídica que permita atraer inversiones, con el objeto de que las mismas sean más competitivas respecto a otros mercados de la región y de países foráneos.

 

Propuesta

El sistema impositivo actual, luego de las modificaciones introducidas por la leyes 27.430 y 27.541, que podríamos denominar reformas de primera generación y que consideramos que han tenido un alcance limitado, requiere su simplificación, mediante la eliminación de impuestos distorsivos y la reducción de la presión impositiva de los gravámenes que estimamos que deben sustentar la estructura tributaria de nuestro país.

Las medidas de política tributaria que debieran implementarse, que denominamos de segunda generación y que proponemos a continuación, ampliarían la base de imposición y contribuirían a evitar la acumulación de saldos a favor, sin implicar desfinanciamiento estatal.

 

Impuesto a la Renta (IG)

- Reducir la alícuota societaria de imposición a las PyMEs, para impulsar a las ERs.

Ante la elevada carga tributaria que soportan se encuentran ante una situación de extrema vulnerabilidad frente a la competencia de los productos importados.

- Admitir la corrección por inflación del fraccionamiento del ajuste por inflación impositivo, cuando el mismo arroje pérdida.

 

Impuesto sobre los Ingresos Brutos (ISIB)

- Las jurisdicciones provinciales debieran modificar su actual estructura tributaria que se sustenta en la recaudación del ISIB y vayan migrando hacia un esquema que se base en impuestos progresivos.

- Menor importancia relativa del ISIB y mayor del Impuesto Inmobiliario, en línea con el objetivo perseguido por el Consenso Fiscal.

- Cumplimiento efectivo de los compromisos asumidos en el Consenso Fiscal, de manera tal de que gradualmente el ISIB migre hacia un gravamen asimilable a un impuesto al consumo que grave el último eslabón de la cadena.

- Promover el cumplimiento de los compromisos asumidos a través del Consenso Fiscal mediante una Ley de Responsabilidad Fiscal que las jurisdicciones locales debieran adherir y dar cumplimiento, bajo condicionamientos estrictos respecto a la transferencia de fondos coparticipados.

 

Impuesto al Valor Agregado (IVA)

- Aplicar una alícuota uniforme y reducida significativamente en el IVA, respecto a la alícuota general actual. 

Más de la mitad de los costos productivos quedan representados por impuestos.

- Hasta tanto se adopte dicha medida, debiera aplicarse la alícuota reducida del 10,5% sobre los bienes y actividades relacionadas con la actividad agropecuaria que actualmente se encuentran alcanzadas a alícuota general.

- Admitir el cómputo del 100% del crédito fiscal técnico generado por la aplicación de alícuotas asimétricas como pago a cuenta de otros gravámenes, o en su caso, del IG y sus anticipos, u obtener el reintegro sistémico de dicho saldo.

 

Impuestos Patrimoniales

- Analizar la posibilidad de implementar un impuesto a la tierra en reemplazo de las retenciones a las exportaciones, acentuando la progresividad de nuestro actual sistema tributario, con efecto redistributivo; La implementación de dicho gravamen sería factible en la medida en que su impacto, en términos de presión impositiva sobre el sector sea neutro, de lo contrario generaría mayores distorsiones.

- Combinar el IG con un impuesto patrimonial aplicable a las personas humanas, en reemplazo del impuesto sobre los bienes personales (ISBP), siendo el impuesto al patrimonio una forma representativa de medir la capacidad contributiva.

 

Impuesto a los Débitos y Créditos Bancarios (IDCB)

- Eliminar gradualmente el IDCB, admitiéndose el cómputo del 100% como pago a cuenta del IG y de sus anticipos o IVA para todas las categorías de contribuyentes.

- Reducir la alícuota actualmente aplicable a todas las actividades desarrolladas por las ERs, hasta tanto sea eliminado.

Resulta fundamental que la política tributaria no tenga por objeto exclusivamente la recaudación tributaria, sino que apunte a mejorar la competitividad y productividad de determinados sectores.

Impuestos al trabajo

- Reducir a su justa medida las alícuotas de aportes y contribuciones a la seguridad social.

- Reformar integralmente las actuales políticas de empleo y en especial de los Convenios Colectivos de Trabajo (CCT) que se caracterizan por su ultractividad.

 

Tributos municipales

- Derogar tasas municipales cuya base imponible se determine sobre las ventas, a los efectos de evitar la múltiple imposición y de esta manera simplificar el sistema.

- Derogar tasas o derechos sobre mercaderías de tránsito que restringen la libre circulación y actúan como verdaderas aduanas interiores, en cumplimiento de lo previsto por el Consenso Fiscal.

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