Honorarios de sindicatura
en tiempos de inflación

Esta proporción se aplica en el caso del artículo 265, inciso 2), calculándose prudencialmente el valor del activo hasta entonces no realizado, para adicionarlo al ya realizado, y teniendo en consideración la proporción de tareas efectivamente cumplidas.

De las normas transcriptas surge para destacar el hecho que se considera para establecer el honorario de la Sindicatura el haber del secretario de primera instancia de la jurisdicción en que se tramita el concurso, lo que permite tener un parámetro que guarda relación con la inflación, entendiendo que los haberes de los funcionarios de la Justicia, se ajustan periódicamente y guardan cierta relación con la inflación.

Es así que el artículo 19 de la Ley 27.423, establece: “Instituyese la Unidad de Medida Arancelaria (UMA) para los honorarios profesionales de los abogados, procuradores y auxiliares de la Justicia, la que equivaldrá al tres por ciento (3%) de la remuneración básica asignada al cargo de juez federal de primera instancia. La Corte Suprema de Justicia de la Nación suministrará y publicará mensualmente por el medio a determinar por dicho Alto Tribunal, el valor resultante, eliminando las fracciones decimales e informara a las diferentes cámaras el valor de la UMA”.

Esta norma, viene a resolver buena parte de la problemática planteada en el presente trabajo, atento que una vez establecida por el Juez actuante la cantidad de UMAS que corresponden al honorario regulado, el mismo se actualiza periódicamente lo que permite que no pierda poder adquisitivo, por lo que es mi opinión que debería incorporarse dicha norma a la Ley de Concursos y Quiebras.

Propuestas a la cuestión planteada

Es evidente que la inflación es un flagelo para los honorarios de los síndicos concursales y es necesaria la búsqueda de alternativas para lograr atenuar sus efectos.

En el caso de los “Concursos Preventivos”, nos encontramos con la situación que el síndico del mismo, cumplirá con lo establecido en el inc. 2) de la Ley de Concursos y Quiebras, el cual establece: “La composición actualizada y detallada del activo, con la estimación de los valores probables de realización de cada rubro, incluyendo los intangibles”. El cual se relaciona con el artículo 265 de la ley de Concursos y Quiebras, el que indica: “En caso de acuerdo preventivo, los honorarios totales de los funcionarios y de los letrados del síndico y del deudor son regulados sobre el monto de activo prudencialmente estimado por el juez o tribunal, en proporción no inferior al 1% (uno por ciento), ni superior al 4% (cuatro por ciento) teniendo en cuenta los trabajos realizados y el tiempo de desempeño”.

Lo cierto que el lapso que existe entre la presentación por parte del Síndico del Concurso Preventivo y la resolución del Juez del Concurso para regular los honorarios es entre siete y ocho meses, dependerá en buena medida del tiempo que le demande al concursado la negociación con sus acreedores para obtener la conformidad para levantar el concurso preventivo. Dicha situación en procesos inflacionarios importantes, como el que está atravesando nuestra economía, hacen que dichos valores hayan perdido representatividad y obliga al uso de algún tipo de índices (recomendamos el uso de los índices mayoristas), para corregir las desviaciones. Ahora bien, la utilización de montos nominales, generan un serio perjuicio a los intereses del conjunto de profesionales intervinientes en el proceso concursal.

Es así que entendemos que una solución es adoptar la UMA, unidad de medida que fija la ley de aranceles para profesionales de abogados, procuradores y los auxiliares de la justicia. Dicha situación permitirá mantener con el mismo poder adquisitivo al honorario regulado, a pesar del tiempo transcurrido entre la regulación de honorarios y los tiempos que transcurran hasta el efectivo cobro de los mismos (Apelación ante la Cámara, Plazo que medie entre la regulación de honorarios y que los mismos son exigibles).

Otra alternativa, es la de permitir la utilización de índices de precios, que permitan actualizar el honorario desde la fecha de regulación del mismo hasta el efectivo cobro, si bien la ley de Convertibilidad no autoriza las actualizaciones, entendemos que dicha situación ha quedado totalmente en desuso, ya que son varias las leyes que permiten la actualización de valores, como ser el Ajuste por Inflación ya sea contable como el impositivo. El no autorizar la actualización de los honorarios genera un grave perjuicio al Síndico, atento la significativa pérdida del poder adquisitivo.