Por otro lado, debemos tener en cuenta las disposiciones del DNU 329/20 y las sucesivas normas que prorrogaron la prohibición de efectuar despidos y suspensiones por falta o disminución de trabajo y por fuerza mayor, hasta el 30/09/20.

Sólo quedan exceptuadas de esta prohibición las suspensiones efectuadas en los términos del artículo 223 bis de la ley de contrato de trabajo.

El artículo 223 Bis de la LCT establece que se considerarán prestaciones no remunerativas las asignaciones en dinero que se entreguen en compensación por suspensiones de la prestación laboral y que se fundaren en las causales de falta o disminución de trabajo, no imputables al empleador, o fuerza mayor debidamente comprobada, pactadas individual o colectivamente y homologadas por la Autoridad de Aplicación

En estos casos de suspensión de la prestación, sólo se tributarán las contribuciones a la Obra Social y al Fondo Solidario de Redistribución (leyes 23.660 y 23.661).

Sobre este monto, de acuerdo a esta resolución, deberán realizarse la totalidad de los aportes y contribuciones por la ley 23.660 (OS) y 23.661 (FSR), y el pago de la cuota sindical.

Es así que actualmente contamos con dos vías para aplicar este instituto a relaciones laborales que se vean afectadas en la prestación por la situación de pandemia:

a) El artículo 223 Bis propiamente dicho, abonando una suma no remunerativa que sólo realizará contribuciones a la Obra Social.

b) La Resolución 397/20, que prevé un límite del 75% de la remuneración neta, y la obligación de realizar tanto aportes cono contribuciones a la obra social y fondo solidario de redistribución, así como los aportes sindicales.

Además, la propia resolución 397/20 aclara que los empleadores podrán disponer la aplicación de las suspensiones en forma simultánea, alternada, rotativa, total o parcial, según sus respectivas realidades productivas. Esto activa la posibilidad de realizar la suspensión respecto de empleadores que no necesariamente deban tener a todo el personal o parte con una suspensión total de la prestación, sino que se contemplan situaciones intermedias.

El trámite de presentación –como dijimos- puede ser conjunto con el gremio, o realizar una presentación unilateral de la empresa, adjuntando la nómina de personal, a través de la plataforma TAD.²

Será de hasta el 50% del sueldo neto del mes de referencia para cada período otorgado (para los sueldos devengados de agosto 2020 el mes de referencia es julio 2020), con un máximo de $ 33.750 (2 SMVM) y un mínimo de $ 16.875 (1 SMVM). Asimismo, no podrá exceder del monto neto total del mes que se paga (mes al que se imputa el SC).

Se debe considerar como salario neto el 83% de la remuneración bruta devengada en el mes de referencia, que surja de las declaraciones juradas F. 931.

El SC será a cuenta del pago de las remuneraciones, o de la asignación no remunerativa que se abone en virtud del artículo 223 Bis de la LCT. En este punto el decreto 332/20 aclara que, aunque se abone la prestación no remunerativa por aplicación del artículo 223 Bis, se podrá deducir de la misma el SC y éste le corresponderá al trabajador de igual forma.

Se liquidará en el recibo de haberes como un descuento sobre el total de salarios, ya que es abonado al trabajador directamente, pero como beneficio para el empleador (por eso deberá ser considerado también por la empresa como ganancia), y este último deberá hacerse cargo de la diferencia a pagar hasta completar el salario de bolsillo del trabajador.

La comparación de la facturación se realiza entre el período de pago del año corriente, contra el mismo mes del año 2019. Para agosto de 2020 la comparación será julio 2020 contra julio 2019.

El pago del SC dependerá de varios factores vinculados en principio a la actividad de la empresa:

Actividades afectadas en forma crítica (Anexos I y II – Acta 4)

• Reciben el SC, con independencia de la cantidad de trabajadores.
• El salario neto es el 83% de la remuneración bruta devengada en el mes de referencia (julio 2020 para el período agosto 2020), según F. 931.
• El SC es el 50% del salario neto determinado según el punto anterior.
• El SC no puede ser menor a 1 SMVM ni mayor a 2 SMVM.

Reglas aplicables al pluriempleo

• El SC a asignar debe ser el 50% de la sumatoria de los salarios netos correspondientes al mes de referencia.
• No podrá ser inferior a la suma equivalente a 1 SMVM ni superior a la suma equivalente a 2 SMVM.
• La suma del SC, no podrá superar la sumatoria de las remuneraciones netas correspondientes al mes de referencia.
• El SC deberá distribuirse proporcionalmente entre los empleadores, teniendo en cuenta las remuneraciones brutas abonadas por cada uno.
• Estas reglas son aplicables para trabajadores con hasta 5 empleos, que sean beneficiados por el SC.
• Para el cálculo, se deberá tomar como base la sumatoria de todo el universo de empleadores inscriptos al programa para el mes en cuestión.
• La incorporación de nuevos empleadores NO modificará el cálculo original efectuado en los términos de este apartado.

Se otorgará sólo uno de los dos beneficios: reducción o postergación de contribuciones al SIPA. La opción por uno u otro beneficio se realizará por cada período mensual.

La reducción de contribuciones al SIPA es hasta el 95% como máximo de las mismas.

El beneficio de reducción o postergación del pago de contribuciones patronales al SIPA se otorgará de manera adicional al SC, y se otorgará en todos los casos, siempre que presenten una variación nominal de facturación interanual negativa.

Actividades afectadas en forma crítica

• Contarán con el beneficio de reducción de hasta el 95% de las contribuciones patronales con destino al SIPA.

Actividades NO afectadas en forma crítica

• Gozarán del beneficio de postergación del pago de las contribuciones patronales con destino al SIPA.

Importante: Tener en cuenta que las reducciones de contribuciones definidas, operan sólo respecto de las contribuciones previsionales dispuestas por ley 24.241, es decir, las contribuciones al subsistema previsional, dentro del total de contribuciones a la seguridad social contenidos en el código 351 de la declaración jurada F. 931, determinativa de las obligaciones de la seguridad social.

El beneficio de los créditos a tasa subsidiada fue incorporado al D. 332/20 por el Decreto 621/20 de fecha 27/07/20.

Los créditos a tasa subsidiada correspondientes al mes de agosto de 2020 podrán ser convertidos parcial o totalmente en un subsidio si los empleadores cumplen con las metas de empleo establecidas por el Ministerio de Desarrollo Productivo.

No serán elegibles los sujetos que el 12 de marzo de 2020, presenten estado 3, 4, 5 o 6 conforme el resultado de situación crediticia publicado por el BCRA.

Los sujetos que resulten susceptibles de obtener el beneficio de “Crédito a Tasa Subsidiada” serán caracterizados en el “Sistema Registral”.

Deberán ingresar al servicio “web” denominado “Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción - ATP” a fin de:

1. Conocer y aceptar el monto teórico máximo del crédito disponible, que resultará de la sumatoria de aquellos que correspondan a cada trabajador que integre su nómina.
2. Indicar una dirección de correo electrónico.
3. Seleccionar la entidad bancaria de su elección para la tramitación del crédito correspondiente.

El referido servicio identificará -entre otros datos- el CUIL y la CBU de cada trabajador, registrada en “Simplificación Registral”, a fin de efectivizar la acreditación del monto del crédito que otorgue la respectiva entidad bancaria.

En caso de que el trabajador no cuente con una CBU validada en simplificación registral, el empleador deberá informar en la entidad financiera una CBU donde el trabajador sea titular o cotitular de la cuenta o, en su defecto, tramitar una.

Igual procedimiento se aplicará en caso que la CBU verificada en AFIP no resulte válida al momento de concretar el crédito en la entidad financiera.

El BCRA fijará las restantes condiciones para la instrumentación de la línea de crédito.

1. Período de gracia: 3 meses a partir de la primera acreditación.
2. Plazo: 12 meses.

El BCRA deberá verificar la situación crediticia de los sujetos beneficiarios a fin de evaluar su otorgamiento y efectiva acreditación.

La AFIP informa a los posibles beneficiarios el monto máximo del crédito a otorgarse por empleador, las condiciones de financiación y el banco elegido.

El monto no podrá superar individualmente el sueldo neto de cada trabajador y se solicitará a cada interesado que manifieste la voluntad de acceder al crédito y el monto teórico máximo.

La AFIP a s vez pondrá a disposición del BCRA la nómina de beneficiarios que formalizaron la solicitud, los datos aportados y el monto máximo del crédito susceptible de ser otorgado.

Se garantizará que los fondos del Crédito a Tasa Subsidiada sean acreditados en las cuentas de los trabajadores.

En el caso de pluriempleo, la proporción del beneficio que recaiga sobre el empleador que goza del crédito a tasa subsidiada tendrá dicha naturaleza.

Se extiende el otorgamiento del beneficio hasta el 30 de septiembre de 2020.

• Realizar erogaciones de ninguna especie a sujetos relacionados, directa o indirectamente con el beneficiario cuya residencia, radicación o domicilio se encuentre en una jurisdicción no cooperante, o de baja o nula tributación.

En ningún caso podrá producirse la disminución del patrimonio neto por las causales previamente descriptas hasta la conclusión del plazo de 12 meses.

Para las empresas con más de 800 trabajadores al 29/02/20 se amplían a 24 meses los requisitos y limitaciones para mantener el beneficio desde mayo 2020.

Las empresas de más de 800 trabajadores al 29/2/2020, además no podrán incrementar los honorarios, salarios o anticipos de los miembros de los órganos de administración en más de un 5% en términos nominales de su valor en pesos moneda nacional, respecto del último monto establecido por el plazo de vigencia a que se refieren los conceptos enumerados. Quedan incluidos dentro de igual limitación los pagos adicionales, bonificaciones u honorarios extraordinarios vinculados al cumplimiento de determinados resultados.

El incumplimiento de los requisitos es causal de caducidad e implica la consecuente obligación del beneficiario de efectuar las restituciones pertinentes al Estado Nacional.