Pandemia y nuevos paradigmas:
Responsabilidad social de
los Contadores Públicos

Pero la pandemia, está provocando una crisis económica a nivel global, de magnitud pocas veces vista. Desempleo, inflación, caída del comercio mundial y de las deudas soberanas, quiebre de empresas, etc.

El FMI, el Banco Mundial, la OMS y otros organismos multilaterales, están estudiando estándares más exigentes relativos a la salud, a la seguridad informática de los bancos y del medio ambiente. Nuevas regulaciones que protejan a la población, a los sistemas bancarios y al propio medio ambiente.

Los Contadores Públicos deben actuar en este nuevo contexto, con la misma responsabilidad social que han caracterizado, en el tiempo, sus actuaciones profesionales.

Como por ejemplo, para los juramentos profesionales y también, para la legalización de las actuaciones profesionales, se ha implementado la modalidad a distancia.

La intervención del Consejo se efectúa a través del Sistema de Actuaciones WEB, que reemplaza a la autenticación de la firma ológrafa del profesional.

Pudiéndose utilizar, también, la firma digital o electrónica. Estas metodologías estarán vigente, durante el período de aislamiento decretado por el PEN.

Estas cuestiones operativas, sumadas a una amplia oferta de capacitación a través del IPIT-Virtual, se han constituido en oportunas respuestas institucionales, no obstante, la profesión deberá afrontar los nuevos desafíos que han provocado y provocarán en el futuro estas transformaciones.

En el corto plazo, el desafío es el asesoramiento eficiente a las organizaciones económicas, para que se tomen las decisiones adecuadas, para poder supervivir a los efectos de la crisis global generada por la pandemia del covid-19.

Los Contadores Públicos, deberán aplicar todo el herramental adquirido en su formación teórico-técnica, para orientar a las personas que conducen a dichas organizaciones, a los efectos que efectúen diagnósticos adecuados para soluciones con mayor grado de realización.

En estos momentos, los objetivos de la profesión deben ser la supervivencia de las empresas, utilizar la mayor amplitud de medios para soluciones preventivas de crisis patrimoniales.

Acciones que concluyan en la conservación de las empresas, entendida como generadoras de actividad útil para la producción y el empleo, evitando las presentaciones en concursos preventivos que terminen en quiebras.

Logrado este primer y primordial objetivo, deberá encararse todo un proceso de recuperación empresarial que constituya el crecimiento económico.

Tal vez, una de las enseñanzas que deberá surgir de la crisis causada por el covid-19, será la de mantener un mundo habitable con mejores controles de las epidemias.

Se ha llegado a un punto, donde las actividades humanas están ejerciendo sobre los recursos naturales una presión sin precedentes.

Según una organización internacional, la Global Footprint Networt, que mide las demandas de consumo del mundo (alimentos, agua, madera, infraestructura, servicios, etc.) ha establecido que el 22 de agosto de 2020 ha sido el Día del Exceso de la Tierra.

Esta fecha es un indicador de la presión mencionada, y significa los recursos naturales disponibles en el planeta, utilizados para solventar dicha demanda durante el año 2020.

A este ritmo, la cantidad de recursos del ecosistema requeridos para satisfacer el consumo global, equivale a 1,6 planetas tierras. Es decir, que la actividad humana está usando un 60% más de recursos de lo que los ecosistemas pueden regenerar en un año.

El “Día del Exceso de la Tierra”, nos recuerda que estamos agotando el capital natural del planeta, comprometiendo su capacidad regenerativa y generando una “deuda ecológica”, que se refleja en la pérdida de la biodiversidad, la desertificación del suelo, la deforestación, la escasez de agua y de alimentos y la contaminación.

Esa fecha es una alerta para concientizar a todos los sectores respecto al uso de los recursos naturales, según las capacidades reales del planeta.

La pregunta es, si esto está pasando a nivel global, qué debemos hacer localmente (en nuestro país y en nuestra región) para revertir la tendencia de pérdida del capital natural.

Cada profesión en su campo de acción, en nuestro caso, somos los responsables de los sistemas de información económica, tributaria y contable, tanto de las organizaciones públicas como privadas, con o sin fines de lucro.

La conciencia ambiental y social que caracteriza a la sociedad moderna, ha generado una demanda de información en todos los campos. Además de la información financiera típica de los Estados Contables, hoy se demanda información no financiera de calidad, con el propósito de una rendición de cuentas integral y de forma oportuna para la toma de decisiones.

Los distintos usuarios de dicha información: el Estado, a través de sus organismos de control, las empresas y las distintas organizaciones sociales y la sociedad toda, también requieren información de carácter ambiental y social, como apoyo para la toma de decisiones estratégicas, que cubra campos que van más allá de los tradicionales aspectos económico-financieros.

Los diálogos interdisciplinarios han permitido reconocer que los recursos naturales son finitos, que se deterioran, agotan y extinguen, por lo tanto deben ser protegidos.

Las organizaciones deben contribuir a la conservación y preservación del capital natural. Para ello, los sistemas contables deberán recolectar los datos pertinentes, transformarlos en información para ser tratados por modelos de decisión e informar sobre la gestión organizacional y su interacción con el marco de la biodiversidad.

Estas preocupaciones socio-ambientales han impulsado el auge de nuevas iniciativas de investigación técnica y normativa sobre la contabilidad ambiental, concluyendo con la emisión por parte de la FACPCE, de Normas Técnicas Profesionales como la Resolución Técnica n° 36, su modificatoria la RT 44 y la Interpretación n° 13. Normas de contabilidad y auditoría del Balance Social.

El Estado a través de sus organismos de control en materia ambiental, en reserva del debido servicio a la sociedad, debe considerar que el objetivo del Balance Social no es diferente al de los Estados Contables, es decir, proveer información útil para la toma de decisiones y el control.

Estamos en un “default” ambiental, se está generando una deuda ecológica que deberán afrontar las generaciones futuras.

No debemos perder de vista que, en las primeras mediciones realizadas en 1970, el Día mundial del sobre giro ecológico fue establecido el 29 de diciembre. Es decir, que comparado con la medición del año 2020, el 22 de agosto, se ha retrocedido cuatro meses con respecto a aquella medición.

Los recursos naturales que puede generar el ecosistema en un año, los hemos consumido en siete meses y veintidós días. Con esta demanda de consumo, se está comprometiendo la capacidad regenerativa del planeta, generando deforestación, escasez de agua y alimentos y contaminación.

Esto significa que la humanidad está explotando de manera insostenible los recursos del planeta tierra, causando graves daños en el medio ambiente.

Argentina se encuentra en el lugar nº 20 de consumo a nivel mundial.

Si bien el país cuenta con “reserva de biocapacidad” (reservas en términos ecológicos), para producir recursos y proveer servicios ambientales, está por encima de la media global. Deberá utilizar con moderación los recursos naturales, como el agua, la energía no renovable, la forestación, etc. porque son bienes escasos.

El río Matanza, es un río típico de la llanura pampeana cuya cuenca ocupa una superficie de 2240 km2, con una longitud media de 75 km, que atraviesa una de las regiones más densamente pobladas de nuestro continente (14 municipios del conurbano bonaerense y la ciudad Autónoma de Buenos Aires) antes de desembocar en el Río de la Plata.

Los conglomerados urbanos de la cuenca presentan áreas de riesgo ambiental para la salud, determinadas por diversos tipos de amenazas y vulnerabilidades sociales. La contaminación del agua, la ausencia de obras de infraestructura básicas, el desarrollo urbano e industrial no planificado ni controlado por el Estado, son algunos de los problemas que contribuyen a determinar el estado actual de la cuenca.

La permanente contaminación afecta a 5.500.000 de habitantes, de los cuales el 40% no tienen agua potable y el 55% no tiene cloacas.

La Cuenca recibe unos 90.000 m3 diarios de desechos industriales de muchas de las 13.000 fábricas instaladas en sus orillas, de ese total unas 1400 han sido declaradas agentes contaminantes.

A lo que se ha sumado, el producto del robo a gran escala de petróleo de un oleoducto de YPF, que una organización criminal refinaba en destilerías clandestinas que luego vertían los desechos en la cuenca Matanza-Riachuelo.

A dichos afluentes, habría que sumarles 370.000 m3 diarios de aguas servidas, de las cuales, menos del 10% reciben tratamiento específico.

Transcurrido más de un siglo de la primera ley (N° 2.797 de 1881) que regulaba la materia ambiental del país, en la reforma constitucional de 1994 se incorporó una cláusula ambiental en la Constitución Nacional, en la que se reconoce que “todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las actividades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras…” (Artículo 41).

Recién en el año 2002, se sanciona la Ley General del Ambiente n°25.675, que establece los lineamientos que deberá seguir la política ambiental nacional.

Con toda esta normativa y ante una situación que se agravaba con el transcurso del tiempo, en el año 2004, un grupo de vecinos presentó una demanda contra el Estado Nacional, la Provincia de Buenos Aires, la CABA y 44 empresas.

Se reclamó la composición del medio ambiente, la creación de un fondo para financiar el saneamiento de la Cuenca y un resarcimiento económico por daños y perjuicios, originando la causa “Mendoza, Beatriz S. y otros c/Estado Nacional y otros s/ Daños y perjuicios (Daños derivados de la contaminación ambiental del Río Matanza-Riachuelo)”. La demanda, luego se extendió a los 14 municipios que integran la Cuenca.

En el año 2006, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, intimó a los demandados a presentar un Plan Integral de Saneamiento Ambiental, de acuerdo a los contenidos mínimos establecidos en la Ley 25.675, entre los que se destacan: el ordenamiento ambiental del territorio, el control sobre las actividades antrópicas (modificación de la naturaleza por acciones humanas) y programas de educación ambiental y de información pública.

Habida cuenta de esta sentencia y ante la necesidad de articular las acciones de las jurisdicciones involucradas, se sancionó en noviembre del 2006, la Ley 26.168, por la que se creó la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR). Adhirieron la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante las leyes 13.642 y 2.217 respectivamente.

En el año 2008, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó la sentencia sobre la “causa Mendoza”, reconociendo la existencia de un derecho colectivo vulnerado cuya atención no podía quedar supeditado exclusivamente a la decisión de los poderes públicos, ni criterios de oportunidad ni conveniencia de la propia administración, disponiendo la obligación de recomponer el daño ambiental de la Cuenca.

Para cumplir con este objetivo, luego de un proceso de análisis y comparación de diferentes sistemas utilizados a nivel internacional, se definió la adopción de un sistema de indicadores basado en el enfoque sistémico que propone la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

Este modelo permite tomar a la Cuenca como una unidad de análisis desde un punto de vista integral y analizar las principales dinámicas e interrelaciones que se organizan dentro de los cuatro subsistemas (Institucional, Económico, Social y Ambiental.)

En el año 2010, ACUMAR presentó el documento “Actualización del Plan Integral de Saneamiento Integral” (PISA) con una evaluación de lo actuado a esa fecha y presentando los objetivos y líneas de acción para encarar los problemas ambientales de la Cuenca.

Para cumplir con lo expresado, la ACUMAR adoptó un sistema de indicadores, a fin de dar seguimiento a los cambios en el estado de la Cuenca y a los avances en las distintas líneas de acción del PISA.

Considerando las particularidades propias de la Cuenca, como así también las dinámicas sociales, económicas, ambientales e institucionales, el modelo CEPAL fue perfeccionado, a fin de adaptarlo a los requerimientos de la ACUMAR, y pasó a llamarse “Sistema Socio-Ecológico Jerarquizado” SSEJ.

Este Sistema se desagregó en tres diferentes niveles: a) El rol de la gestión de ACUMAR, b) los objetivos estratégicos perseguidos y c) el estado de situación de la CUENCA, identificando los siguientes subsistemas y sus interrelaciones: Económico, Ambiental, Social e Institucional.

Pasados algo más de diez años de la sentencia de la Corte Suprema de la Nación, que obliga a sanear la cuenca del río Matanza, la autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR), lleva registrados unos 17.000 establecimientos sobre sus costas y los márgenes de los arroyos que lo alimentan.

“Se advierte una fuerte inconsistencia producto de la existencia de múltiples procesos internos de administración del dato y su consiguiente generación de información.” PISA 2016. Página 78.

El proyecto de integración de un Tablero de Control, dentro de la Plataforma de Gestión de la Información Unificada, perdería un cúmulo de información relevante, si no pudiera integrar, o desconociera, la información que pueden producir los 17.000 establecimientos registrados en le Cuenca, a través de sus Balances Sociales.

El Plan Integral de Saneamiento Ambiental tiene, como se ha explicado, distintos ejes estratégicos. Tres de los cuales son: el social, el económico y el ambiental.

El reconocimiento del impacto de la actividad de las organizaciones sobre el medio ambiente, ha sido una preocupación creciente de la disciplina contable. Prueba de ello, ha sido la emisión por parte de la FACPCE de la RT 36, modificado por la RT 44 sobre el Balance Social.

En dichas normas contables profesionales se define que “El Balance Social es un instrumento para medir, evaluar e informar en forma clara, metódica, sistemática y principalmente cuantificada, el resultado de las políticas económica, social y ambiental de la organización.”

Por lo que se puede concluir, que la concordancia de objetivos por parte de los organismos de control ambiental y de los Consejos Profesionales, puede optimizar la información generada por las empresas, con sus Balances Sociales y los sistemas de información de dichos organismos de control.

Nuestra Institución puede aportar los conocimientos alcanzados con la investigación técnica en contabilidad ambiental y concretamente, en la aplicación de las normas técnico-profesionales referidas a los Balances Sociales.

Acumar sólo debe dictar una resolución que exija la utilización de estos estados contables, lo que permitirá obtener información útil de todas las Pymes de la Cuenca para un mejor control y cumplimiento de los programas de indicadores de gestión y sistemas de información del PISA.