Realidad Profesional | Revista del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires y su Caja de Seguridad Social
Las economías de todo el mundo se han visto afectadas y modificadas por la pandemia del COVID-19. En nuestro país, se avanzó en la quita de retenciones para favorecer la exportación de productos con valor agregado de las economías regionales. De este modo, se fija para esas mercaderías un Derecho de Exportación del 0 % como medida concreta para contribuir a aumentar la producción y las exportaciones con el objetivo de fomentar el desarrollo de la industria exportadora nacional. Teniendo en cuenta al sector agrario cooperativo en su totalidad, más de 500.000 personas dependen directamente de ese trabajo regionalizado. En cuanto al aporte fiscal, las cooperativas agropecuarias superan los 3.000.000.000 de pesos anuales en exportaciones, representando un 5.6% del total de exportaciones primarias y agroindustriales. Si bien el número es importante, resulta clave poder expandir el mercado tanto en volumen como en importe, fortaleciendo en primer lugar el abastecimiento interno, con una cadena de producción con valor agregado regional; y por otro lado, consolidar el comercio exterior.
La pandemia del COVID-19 afectó y sigue afectando a la economía global. Todos los países del planeta se están reinventando y tratando de sortear los diferentes aspectos de la crisis que las medidas para combatir el virus y su circulación trajeron aparejada. En esta situación, parece interesante la idea que se expresó desde diversos sectores de reconvertir algunos aspectos productivos y económicos en favor de las economías regionales en nuestro país.
Este escenario parece haber sido comprendido por el gobierno nacional, que a través del Ministerio de Agricultura, Pesca y Ganadería de la Nación, eliminó retenciones para alentar las exportaciones de productos con valor agregado de las economías regionales. De esta manera, la mayoría de las posiciones arancelarias de dichas economías bajaron a cero. Según se publicó en el Boletín Oficial, en cuanto a los bienes agroindustriales, se identificó en una primera revisión la potencialidad de determinadas economías regionales “en términos de crecimiento de las inversiones, la producción y las exportaciones que generará creación de empleo en forma directa e indirecta en todas las provincias del país".
De este modo, se fija para esas mercaderías un Derecho de Exportación del 0 % como medida concreta para contribuir a aumentar la producción y las exportaciones, apoyando a los productores y las productoras y las cadenas de valor asociadas y de esta forma recuperar los niveles históricos de exportación, con el objetivo de fomentar el desarrollo de la industria exportadora nacional.
La eliminación de los aranceles, se explicó de manera oficial, es para que el dinamismo de las economías regionales se acelere y con la expectativa de que vuelvan a tomar impulso en exportaciones que generan los dólares que la economía argentina necesita.
La nueva disposición alcanza a diversos sectores de las economías regionales: las de carne ovina y caprina, huevos, acuicultura, apícola, productos hortícolas (tomate, pimientos, cebolla, ajos, puerros, espárrago, etc), hongos, olivícola, maíz pisingallo, legumbres, papa y mandioca. También la producción de frutos secos, frutas tropicales, cítricos dulces, cítricos, uva en fresco y pasas de uva, cucurbitáceas, frutas de carozo, frutas finas, peras y manzanas, infusiones, semillas, quínoa, especies, alfalfa, alimentos en base a frutas, jugos de frutas y aceites y esencias de cítricos. Sin embargo, tal y como afirma la Dra. en Economía, María Florencia Gabrielli, en la actualidad, uno de las principales preocupaciones en torno a estas economías “es la desproporción en la participación del precio final en la mayoría de los productos agropecuarios que se comercializan. Tenemos nuestras economías regionales empobrecidas y descapitalizadas, sobre todo en el inicio de la cadena de la construcción de un producto para su comercialización, es decir, en la producción”.
Teniendo en cuenta al sector agrario cooperativo en su totalidad, más de 500.000 personas dependen directamente de ese trabajo regionalizado. En cuanto al aporte fiscal, las cooperativas agropecuarias superan los 3.000.000.000 de pesos anuales en exportaciones, representando un 5.6% del total de exportaciones primarias y agroindustriales. Si bien el número es importante, resulta clave poder expandir el mercado tanto en volumen como en importe, fortaleciendo en primer lugar el abastecimiento interno, con una cadena de producción con valor agregado regional; y por otro lado, consolidar el comercio exterior.
Para que todo esto pueda suceder, resulta de vital importancia un vasto conocimiento del impacto que determinadas políticas económicas pueden tener en todos los sectores productivos del país. Un buen paso a seguir podría ser retomar aquel “Plan para el Desarrollo Sustentable e Inclusivo”, impulsado por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación durante el año 2009 en donde sectores económicos involucrados, organismos técnicos del Estado Nacional y Universidades Públicas de todo el país eran convocados para identificar consecuencias positivas o negativas
de las decisiones sustanciales del Gobierno Nacional en materia económica teniendo en cuenta cada sector y cada estrato social existente en la estructura agropecuaria de manera regionalizada. La propuesta, bajo un buen funcionamiento, no deja de ser interesante.
Claro está que las políticas a corto plazo o de salvataje coyuntural no son una solución ni serán partícipes de un crecimiento trascendental de las economías regionales. El Estado junto a todos los sectores involucrados serán quienes deban poner en función medidas acordes a los tiempos que corren y a las falencias incluso preexistentes a la pandemia del COVID-19. Las desigualdades de las economías regionales descapitalizadas tienen que ver, en gran parte, con no contar justamente de una posición geopolítica dominante a nivel nacional. También, por qué no, reglamentar y hacer cumplir la Ley Nº 27.118 de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar, mediante la cual las economías locales y regionales comenzarían a moverse y a poder comercializar su producción con un respaldo de precios e ingresos que les permita continuar y extender su propia cadena de producción. La medida adoptada y analizada al comienzo de esta nota es un buen indicio de una posible resignificación de este tipo de economías. No obstante, si no se desarrollan una serie de medidas apuntadas en el mismo camino, la iniciativa corre el riesgo de ser una política aislada que no influya de manera sustancial en el crecimiento productivo de los sectores regionales. La pandemia abrió un portal de posibilidades que podrían renovar y ampliar la base de cadenas productivas para el abastecimiento interno y la exportación y será cuestión de tiempo y de acción para saber si fue o no aprovechado.