No somos el problema,
somos parte de la solución

Al momento de escribir estas líneas transcurrieron 575 días desde el comienzo del aislamiento que se dispuso como consecuencias de la pandemia que la OMS declarara a partir de la circulación del COVID-19.

Resultaría reiterativo mencionar las alteraciones que éste produjo en el comportamiento de la población, tanto en nuestro país como en el resto del planeta. Las restricciones a la circulación y a la mayoría de las actividades presenciales, la falta del contacto personal al que estábamos acostumbrados son algunas de las características más salientes generadas por esta inédita realidad que nos toca vivir desde aquel 20 de marzo del 2020.

El abrupto cambio del contexto obligó también a nuestros matriculados a modificar la forma de relacionarse con sus comitentes. Y se trabajó con la proactividad de siempre, sin bajar los brazos en ningún momento y, más aún, haciendo frente a las nuevas exigencias que iban apareciendo para que las empresas puedan atenuar el impacto de la pandemia, sin descuidar las tareas habituales, y debiendo hacer frente a ellas en horarios y plazos nada racionales.

De igual modo, nuestra Institución tuvo que transformar muchos de sus procedimientos para que los profesionales puedan continuar con el cumplimiento de sus tareas. A manera de ejemplo, mencionemos la implementación del sistema de actuaciones digitales y los juramentos de nuevos matriculados a distancia, que permitieron, respectivamente, la continuidad de la actividad de los profesionales y la habilitación de aquellos que solicitaban poder ejercer la actividad en la provincia de Buenos Aires.

En este período, y ante el dictado de la Resolución General de AFIP N° 4.838, la que ponía a los profesionales ante la necesidad de violentar el secreto profesional que tiene raigambre constitucional, todos los Consejos del país se presentaron ante la Justicia a fin de solicitar el dictado de medidas cautelares que impidan la entrada en vigencia de la mencionada norma para nuestros matriculados

Esto nos ha valido que nos calificaran de “colaboradores con la evasión”, en una lectura sesgada y muy alejada de los verdaderos motivos que nos llevaron a cuestionar la norma judicialmente. Estamos convencidos de que los profesionales en ciencias económicas somos parte de la solución y no del problema en esta compleja tarea de combatir las economías informales. Oponernos a una norma que avasalla nuestros derechos e impide cumplir acabadamente con nuestras obligaciones no habilita a que se nos considere motores e impulsores de maniobras opacas tendientes al incumplimiento de las normas fiscales.

Los Consejos Profesionales tenemos la obligación de defender los derechos y obligaciones que la Constitución consagra a nuestros matriculados, pero agotado el camino de los acuerdos y los consensos, la única alternativa posible es accionar con firmeza, siempre dentro del marco normativo existente.

Un saludo a todos los matriculados y nuestro reconocimiento por todo lo hecho en estos tiempos tan difíciles que tuvimos que afrontar.

Hasta la próxima.