El autor repasa las consecuencias de la globalización y el cambio climático. Explica que “la humanidad está generando una deuda ecológica” y propone promover la armonía entre la naturaleza y la actividad humana.

En ese proyecto ubica a los profesionales en ciencias económicas como actores clave. El autor indica que, con responsabilidad social, la profesión contable tiene las condiciones y capacidades necesarias para contribuir con la voluntad global, de cuidar el futuro sustentable de la vida en la tierra, diseñando e implantando sistemas de información con dimensiones económicas, sociales y ambientales.

ARTÍCULO PUBLICADO EL viernes 19 de noviembre
Edición N. 123 - Septiembre / Octubre 2021

NOTAS DE AUTOR

Dr. Adolfo José García Dr. Adolfo José García Expresidente del Consejo Profesional. Período 1993/1997
Profesor Extraordinario-categoría Honorario. FCE. UNLP.

A principios de este siglo, el proceso de globalización financiera marcó un notable interés en la internacionalización de las normas contables. El paradigma de la “Utilidad de la información” ha sido parte de estos procesos, principalmente en la regulación de la contabilidad y la auditoría. Ejemplo de esto, fueron los acuerdos en la Organización Mundial de Comercio (OMC), a fines de los años 90, estableciendo como Servicios Profesionales a ser desregulados en los países miembros, los de la Contabilidad mediante las Normas Internacionales de Información financiera (NIIF) dictadas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB) y los de Auditoría con normas de la Federación Internacional de Contadores (IFAC).

Como consecuencia de estos procesos, en nuestro país, la profesión contable a través de los organismos técnicos de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE) analizó y concluyó, que era necesario adoptar para las entidades que cotizan sus títulos y acciones en mercados de valores, la Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

Razón por la cual, emitió la Resolución Técnica nº 26 y modificatorias, normas profesionales que puestas en vigencia por los Consejos Profesionales, son obligatorias para las empresas incluidas en el régimen de oferta pública de títulos y valores, bajo el control de la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Tua Pereda, catedrático español, ha escrito con claridad: “los objetivos previstos para los estados financieros, necesariamente han de responder al entorno económico en que se desenvuelven, peculiar y característico en cada situación concreta”.

En nuestro país, del conjunto de entes que deben presentar estados contables con propósitos generales, un número muy significativo, superior al 90%, no cotizan títulos y acciones en bolsas ni en mercados de valores. Para dichos entes, pequeñas y medianas empresas, la FACPCE ha emitido normas contables nacionales, por ejemplo las RT nº 17 y 41 entre otras.

Pero toda esta estructura normativa, tiene como objetivos la publicación de estados contables con propósitos de información general, acerca de la posición patrimonial y financiera, los resultados económicos y los flujos de efectivo de las empresas. Es decir, “hacer para tener”, desde el punto de vista económico y financiero.

Globalización y cambio climático

Esta enumeración de hechos, sin aspiraciones de solvencia técnica, pretende describir el proceso que dio comienzo a finales del siglo pasado: LA GLOBALIZACCIÓN (de las finanzas, de la información y de la mundialización de la producción).

Pero este proceso, también ha generado una actividad económica que a través del uso intensivo de combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas) está contaminando la atmósfera terrestre al emitir los gases de efecto invernadero, que originan el calentamiento global del planeta y el consiguiente CAMBIO CLIMÁTICO.

Pero esta cuestión del cambio climático, también interactúa con otros problemas graves de carácter antrópico (causados por acción del hombre) que afectan al planeta, por ende a la humanidad toda, como por ejemplo, la pérdida de la biodiversidad, la degradación del suelo cultivable y el agotamiento del agua dulce.

Otro ejemplo es el cambio en la región antártica, donde se está observando un aumento de la temperatura, que calienta la superficie de la Antártida causando el derretimiento de los hielos.

El cambio climático es uno de los principales desafíos que enfrenta la humanidad en este siglo XXI. Estamos ante un nuevo paradigma: no sólo desarrollo económico y social, sino también desarrollo ambiental sustentable, “SER para VIVIR”, nosotros y en especial las próximas generaciones.

 

Cambio climático y pandemia

Si bien es cierto que la pandemia del Covid-19 es hoy una preocupación mundial, la aparición de las vacunas y sus resultados, generan una efectiva esperanza. Por otra parte, estudios preliminares indican que esta pandemia pudo tener su origen en el cambio climático.

Noventa y tres expertos elaboraron un informe para ser considerado en la 26º Conferencia sobre cambio climático (COP26) que se realizó en Glasgow a fines de octubre de 2021. Señalan en el informe que la crisis climática está comenzando a revertir los años de avance en la lucha contra la inseguridad alimentaria e hídrica y la transmisión de enfermedades infecciosas.

La humanidad está generando una “deuda ecológica”, cuyos resultados se ven reflejados en el cambio climático.

Sabemos claramente del origen antrópico del cambio climático. Si la actividad humana continúa emitiendo gases de efecto invernadero, aumentará el calentamiento global y en consecuencia, el cambio climático será su principal costo ambiental.

No debemos tener el dilema entre “qué nos depara el futuro” y “qué debemos hacer ya”. Pensar globalmente, es monitorear los efectos del cambio climático cumpliendo con los objetivos del Acuerdo de París de diciembre del 2015.

Actuar localmente, es tomar decisiones para resolver nuestros problemas, lo que “debemos hacer ya”, son los procesos de formulación y ejecución de los planes nacionales para mitigar la emisión de los gases de efecto invernadero pero fomentando al mismo tiempo el desarrollo sostenible.

La crisis climática está comenzando a revertir los años de avance en la lucha contra la inseguridad alimentaria e hídrica y la transmisión de enfermedades infecciosas.

Existen a nivel global numerosos indicadores, como el Día del Exceso de la Tierra, que miden como la humanidad está consumiendo los recursos naturales a un ritmo tal que los ecosistemas no podrán regenerarse en los años de cada consumo.

En consecuencia, la humanidad está generando una “deuda ecológica”, cuyos resultados se ven reflejados en el cambio climático. Los gases efecto invernadero se emiten más rápidamente que la posibilidad de ser absorbidos por los bosques y los océanos.

El día del “Exceso” nos recuerda lo que “debemos hacer ya”: actuar con urgencia protegiendo los bosques, los océanos, la biodiversidad, los recursos acuíferos y el agua en todas sus formas, para lograr un desarrollo sustentable.

El 22 de abril ha sido declarado el Día de la Tierra. Los días 22 y 23 de abril pasados, el presidente de Estados Unidos Joe Biden convocó, en forma virtual, a 40 presidentes a una Cumbre Climática, con el objetivo de remarcar la necesidad de actuar con urgencia para mejorar el medio ambiente.

Estados Unidos, Japón y la Unión Europea, comprometieron metas para recortar sus emisiones y alcanzar la neutralidad climática en el 2050, para lo cual deben mantener la temperatura media de la tierra por debajo de los 1,5 grados centígrados.

Esto nos debería hacer reflexionar sobre el cuidado de la Tierra: si se busca un equilibrio entre las necesidades económicas, sociales y ambientales de las generaciones presentes y futuras, es necesario promover la armonía entre la naturaleza y la actividad humana.

Al Gore (Vicepresidente de EEUU-1993/2001), impulsor de medidas para evitar los efectos del cambio climático, ha dicho como metáfora que “si se derrite la mitad del hielo de la Antártida, Wall Street, capital financiera del mundo, quedará sumergida bajo el agua”. Lamentablemente, este proceso antártico se está observando no como metáfora sino como una incipiente realidad.

 

El rol de los profesionales en ciencias económicas

El reconocido neurocientífico argentino, Facundo Manes, ha escrito en sus trabajos técnicos que “etiquetas simples como la mención del impulso a la economía del conocimiento, serán conceptos vacíos si no van acompañadas de políticas de Estado reales, efectivas y duraderas”.

También ha escrito, que las instituciones profesionales intermedias son necesarias, porque técnicamente pueden vincular la investigación científica con las problemáticas reales de la actividad económica y ambiental. Y así, generar estándares que permitan que la actividad privada pueda coordinar acciones con las políticas de estado, para lograr efectivas soluciones a la problemática ambiental.

La profesión contable a nivel global a través de la Federación Internacional de Contadores (IFAC), impulsa la creación de un Consejo de Normas Internacionales de Sostenibilidad.

En esta línea de pensamiento, la profesión contable a nivel global a través de la Federación Internacional de Contadores (IFAC), impulsa la creación de un Consejo de Normas Internacionales de Sostenibilidad (ISSB) para que, de manera similar al Consejo de Normas de Contabilidad (IASB), realice investigaciones técnicas con el propósito de generar normas que permitan reconocer, medir y exponer las contribuciones positivas y negativas que las empresas hagan al desarrollo sostenible y sus impactos en la economía y en el medio ambiente.

Con el criterio de pensar globalmente y actuar localmente, haciendo útil los resultados de investigaciones técnicas sobre la contabilidad ambiental, la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE) ha emitido Resoluciones Técnicas sobre Balances Sociales, que han sido puestas en vigencia por los Consejos Profesionales del país, en el caso del Consejo Profesional de la Provincia de Buenos Aires, por las Resoluciones CD nº 3490 y 3616.

Los Contadores Públicos representan una profesión encuadrada como de “interés público”, tienen entre sus actividades profesionales reservadas, las de preparar, registrar, medir y exponer la información financiera y la relacionada con la sostenibilidad (información no financiera). Como así también, realizar los procedimientos de auditoría y dictaminar en su doble materialidad (financiera y ambiental).

Como consecuencia de todo este trabajo técnico de los organismos profesionales, sumado a las capacidades académicas y competencias legales determinadas por las leyes Profesionales y de Educación Superior, los Contadores Públicos representan una profesión encuadrada como de “interés público”, tienen entre sus actividades profesionales reservadas, las de preparar, registrar, medir y exponer la información financiera y la relacionada con la sostenibilidad (información no financiera). Como así también, realizar los procedimientos de auditoría y dictaminar en su doble materialidad (financiera y ambiental).

Distintos estudios sobre tendencias laborales, destacan como trabajos con más futuro a la ingeniería robótica, a los especialistas en big-data y en la “economía verde” (cuidado del medio ambiente y la reparación de los impactos negativos).

Con toda esta estructura técnico-científica, calificaciones profesionales y visión de futuro, la pregunta es “qué debemos hacer ya”.

Una primera consideración es que, como graduados universitarios en especial de universidades públicas, tenemos una responsabilidad social ante la sociedad que financió con sus impuestos nuestros estudios.

El Dr. René Favaloro, en sabia reflexión, dijo en un reportaje de septiembre de 1981: “Yo soy de los que creen que nuestra condición universitaria lleva implícita una responsabilidad de trascendencia: el compromiso de utilizar la formación universitaria recibida en beneficio de nuestro país”.

En consecuencia, con las investigaciones técnicas y las actuaciones profesionales mencionadas, la profesión contable tiene las condiciones y capacidades necesarias para contribuir con la voluntad global, de cuidar el futuro sustentable de la vida en la tierra, diseñando e implantando sistemas de información con dimensiones económicas, sociales y ambientales.

 

La problemática en la Provincia de Buenos Aires

En el ámbito nacional, la Provincia de Buenos Aires tiene hace décadas varios cursos de agua contaminados, ejemplo los ríos Reconquista, el Matanza y el Riachuelo, entre otros.

Una problemática concreta es la Cuenca Matanza-Riachuelo, sistema hídrico de mayor relevancia regional en el Área Metropolitana.

Los conglomerados urbanos de la cuenca presentan áreas de riesgo ambiental para la salud, determinadas por diversos tipos de amenazas y vulnerabilidades sociales. La permanente contaminación afecta a 5.500.000 de habitantes, de los cuales el 40% no tienen agua potable y el 55% no tiene cloacas.

Toda esta problemática originó la causa “Mendoza, Beatriz S. y otros c/Estado Nacional y otros s/ Daños y perjuicios (Daños derivados de la contaminación ambiental del Río Matanza- Riachuelo)”. La demanda, luego se extendió a los 14 municipios que integran la Cuenca.

En el año 2006, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, intimó a los demandados a presentar un Plan Integral de Saneamiento Ambiental, de acuerdo a los contenidos mínimos establecidos en la Ley 25.675.

Habida cuenta de esta intimación y ante la necesidad de articular las acciones de las jurisdicciones involucradas, se sancionó en noviembre del 2006, la Ley 26.168, por la que se creó la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR). Adhirieron la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante las leyes 13.642 y 2.217 respectivamente.

En la Provincia de Buenos Aires una problemática concreta es la Cuenca Matanza-Riachuelo, sistema hídrico de mayor relevancia regional en el Área Metropolitana.

En el año 2008, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó la sentencia sobre la “causa Mendoza”, reconociendo la existencia de un derecho colectivo vulnerado, disponiendo la obligación de recomponer el daño ambiental de la Cuenca, en todos sus componentes (agua, aire y suelo) para mejorar la calidad de vida se sus habitantes.

El fallo “Mendoza” contempló que para medir el nivel de cumplimiento de esos objetivos la ACUMAR debía adoptar alguno de los sistemas internacionales de medición que se encontraran disponibles.

Para cumplir con lo expresado, la ACUMAR adoptó un sistema de indicadores, a fin de dar seguimiento a los cambios en el estado de la Cuenca y a los avances en las distintas líneas de acción del PISA (Plan Integral de Saneamiento Ambiental), identificando los siguientes subsistemas: Económico, Ambiental, Social e Institucional.

Con el objetivo de recomponer el daño ambiental de uno de sus componentes esenciales, el agua, ACUMAR efectúa Informes trimestrales sobre el estado del agua superficial y subterránea. En el último realizado (Enero/marzo 2021), luego de un detallado análisis e interpretación de los resultados, concluye: (página 17 del Informe) que “se visualizan cargos contaminantes, producto probable de la actividad de tipo industrial y doméstica en la zona de inmediato contacto”.

Sin restarle mérito a los resultados obtenidos en estos monitoreos, que permiten identificar áreas críticas producto de las actividades humanas (origen antrópico), no se observa con claridad la vinculación entre las variables del Sistema de Indicadores y el logro de una efectiva estrategia con acciones para recomponer el daño ambiental.

Pasados algo más de diez años de la sentencia de la Corte Suprema de la Nación, que obliga a sanear la cuenca del río Matanza, la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR), lleva registrados unos 17.000 establecimientos sobre sus costas y márgenes de los arroyos que lo alimentan.

De ese total, 1431 aún son considerados agentes contaminantes y se encuentran en vías de reconversión. Habiéndose ajustado a la normativa (establecimientos ambientales adecuados) unas 600 firmas. (Fuente ACUMAR al 31/12/2020).

ACUMAR, es la entidad encargada de fiscalizar e inspeccionar las empresas para evaluar los niveles de vuelcos industriales, una de las principales fuentes de contaminación de las aguas.

 

Preocupación de la disciplina contable

El reconocimiento del impacto de la actividad de las organizaciones sobre el medio ambiente, como se ha mencionado, ha sido una preocupación creciente de la disciplina contable.

Prueba de ello, ha sido la emisión por parte de la FACPCE de la Resoluciones Técnicas sobre el Balance Social, que conjuntamente con los Estados Contables, constituyen el concepto de la doble materialidad (financiera y ambiental).

La profesión contable tiene las condiciones y capacidades necesarias para contribuir con la voluntad global, de cuidar el futuro sustentable de la vida en la tierra, diseñando e implantando sistemas de información con dimensiones económicas, sociales y ambientales.

En dichas normas contables profesionales se define que: “El Balance Social es un instrumento para medir, evaluar e informar en forma clara, precisa, sistemática y principalmente cuantificada, el resultado de las políticas económica, social y ambiental de la organización.”

Su estructura incluye: La Memoria de Sustentabilidad, y El Estado de Valor Económico Generado y Distribuido.

Para la preparación de la Memoria de Sustentabilidad, la norma profesional se basa en la Guía del Global Reporting Initiative (GRI) que contiene pautas y estándares para la elaboración de indicadores económicos, sociales y ambientales.

El reconocimiento del impacto de la actividad de las organizaciones sobre el medio ambiente, como se ha mencionado, ha sido una preocupación creciente de la disciplina contable.

Se pueden resumir estos dos modelos planteando que:

Los indicadores obtenidos en las Mediciones Trimestrales efectuadas por ACUMAR, son indicadores efecto. Señalan los resultados de las acciones del Organismo conducentes a las soluciones ambientales.

Los indicadores de la Memoria de Sustentabilidad, que integran el Balance Social, son indicadores causales. Inductores planificados del accionar de las empresas, para dar solución a los impactos ambientales.

Por lo que se puede concluir, que la concordancia de objetivos establecidos en el sistema de Indicadores del Plan PISA de ACUMAR con el de las normas técnicas de los Consejos Profesionales, pueden optimizar la información generada por las empresas, tanto en sus Estados Contables como en sus Balances Sociales para efectuar controles con efectivos resultados para las soluciones ambientales.

El accionar de ACUMAR, no debe limitarse solamente al control de las actividades antrópicas de las empresas de la Cuenca, sino a generar medidas conducentes para el logro de una efectiva solución ambiental del territorio, como lo ha planteado la Corte Suprema en el fallo “Mendoza”.

ACUMAR sólo debe dictar una resolución que exija la presentación de Balances Sociales y concordar con las empresas radicadas en la Cuenca, las pautas y criterios de los indicadores basados en el GRI que componen la Memoria de Sustentabilidad, para obtener información útil para un mejor control y cumplimiento de Programas Integrales de Saneamiento Ambiental (PISA).

Los procedimientos que lleva a cabo ACUMAR y la obligación de la presentación de Balances Sociales por parte de las empresas radicadas en la Cuenca Matanza-Riachuelo, son factibles de replicar en otras cuencas contaminadas del País, donde existen autoridades con facultades de control ambiental, como por ejemplo el Comité de la Cuenca del río Reconquista.

La contaminación debe concebirse básicamente como el uso de un recurso natural. El agua y el aire, se han considerado bienes ilimitados, no económicos. Pero el crecimiento de las actividades económicas y su uso irracional, ha tornado limitados estos recursos, al menos en su capacidad de recibir desechos industriales.

La contaminación debe concebirse básicamente como el uso de un recurso natural. El agua y el aire, se han considerado bienes ilimitados, no económicos. Pero el crecimiento de las actividades económicas y su uso irracional, ha tornado limitados estos recursos, al menos en su capacidad de recibir desechos industriales.

El rol del Estado

El Estado debe plantear políticas para eliminar o mitigar estos efectos negativos. Medidas fiscales, como por ejemplo subsidios condicionados, en forma de deducción especial en el impuesto a las ganancias, de tal manera que las inversiones apropiadas de las empresas que eliminen los efectos contaminantes de sus actividades industriales, puedan ser deducidas del pago del impuesto.

La conjunción de Políticas públicas para eliminar o reducir el impacto de los residuos industriales en el medio ambiente, con las inversiones de las empresas contaminantes, orientadas a eliminar o reducir dichos impactos y sumados a eficientes controles por parte de las autoridades de aplicación, pueden dar resultados concretos en la lucha por mejorar la calidad de vida presente, y en especial, de las futuras generaciones.

Nuestro País necesita actualizar la legislación sobre la materia, tanto la impositiva como normativa de los organismos de control ambiental, deberá adaptarlas a las realidades económicas de las inversiones para mitigar/eliminar las acciones contaminantes de las empresas.

El Estado deberá tener el objetivo de una relación eficiente del costo tributario de las deducciones impositivas con el ahorro de las inversiones públicas en salud y en el procesamiento para eliminar residuos industriales contaminantes.

Esto es una alternativa posible, de lo que “DEBEMOS HACER YA”, para lograr en forma efectiva y conducente, soluciones concretas a la problemática medio-ambiental de amplios sectores del país.

En suma, acciones para poder “SER PARA VIVIR” en un planeta con mejor calidad de vida. La alternativa será un futuro de “NO SER”.

Los contenidos que se publican son de exclusiva responsabilidad de sus autores y no expresan necesariamente el pensamiento de los editores.


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