Cómo influyen los impuestos
en las inversiones en Argentina

Medidas del gobierno actual

Se deshicieron muchas de las medidas que habían sido aprobadas por el gobierno anterior. A favor de las inversiones, se sancionaron las siguientes medidas:

- Establecimiento de alícuotas diferenciales de las contribuciones patronales para las Pymes. Hasta ese momento existía una discriminación contra las empresas comerciales y de servicios.
- Regreso del cómputo de un porcentaje de las cargas sociales como crédito fiscal del IVA.
- Programas de ayuda a la producción y el trabajo (ATP), con subsidios para el pago de los sueldos y créditos a tasas blandas.
- Diferimiento y reducción del porcentaje de contribución patronal destinado al Sistema Previsional Argentino (SIPA).
- Moratoria impositiva, previsional y aduanera.

En los últimos años, la distribución de dividendos se modificó en varias oportunidades. Si hay algo que debe asegurársele al inversor es la manera que tendrá para retirar las utilidades. Sin embargo, las normas en los últimos años no lo hicieron. En 2013, para aumentar las deducciones personales, se gravó los dividendos con la tasa del 10%. En el 2016, se derogó el impuesto a los dividendos y el de igualación, pero se implementó complementariamente con la reducción de las alícuotas de las empresas una tasa del 7% y luego del 13% para los retiros de utilidades.

Adicionalmente, se incorporaron a la ley presunciones de distribución de dividendos, cuando existen operaciones entre las empresas y sus titulares, que no respondan a precios de mercado o que no puedan surgir entre partes independientes.

Posteriormente, el 13% nunca llegó a regir ya que no se produjo la disminución prometida de la tasa de las empresas.

Cuando se trata de personas emprendedoras que no estén registradas ante la AFIP y que no realicen aportes a la seguridad social, se le da la facultad al Poder Ejecutivo para que apruebe medidas necesarias para estos puedan quedar en regla. Se crearon las Sociedades Anónimas Simplificadas (SAS), pero impositivamente no tienen ventajas ya que pagan la tasa de las sociedades (35%); además, la Inspección General de Justicia a partir de la asunción del gobierno actual comenzó a regularlas de tal forma que ya están por perder el incentivo que tuvo en su creación. 

Ajuste por inflación y actualizaciones parciales

Más allá de la aplicación del ajuste impositivo por inflación, que corresponde para los ejercicios iniciados a partir del 1 de enero de 2018, en la medida que se cumpla con los porcentajes de variación anual del índice de precios consumidor (IPC), del 55%, 30% y 15%, en la ley del Impuesto a las Ganancias existen mecanismos de actualización parciales que se encuentran vigentes para las inversiones que realizan las personas humanas y las empresas.

Este sistema de ajuste se encontraba suspendido por la ley 24.073, de la época de la convertibilidad, y que con la sanción de la reforma tributaria realizada a través de la ley 27.430, se habilitó a poder efectuar las actualizaciones de los valores de costo de los siguientes bienes:

1. Bienes de uso, sean muebles o inmuebles
2. Bienes inmateriales, como por ejemplo: marcas; llaves; patentes; derechos de concesión; etc.
3. Acciones; cuotas de participaciones societarias, de fondos de inversión; fideicomisos financieros; etc. 

Sin embargo, a pesar de significar un avance, existe un requisito que termina siendo un gran limitante: se exige que los bienes para poder quedar habilitados a ser actualizados son aquellos que ingresaron al patrimonio a partir del 1 de enero de 2018. Para poder ejercer el derecho legítimo que le asiste a cualquier contribuyente, por los bienes que se incorporaron antes de esa fecha existió por un año la opción de “Revaluó” que fuera dada por la ley 27.430, que podría ser ejercida por única vez para los cierres de ejercicio finalizados desde el 31 de diciembre de 2017, inclusive.

Las ventas, una vez concretadas, deben ser bien planificadas porque un paso en falso en el momento de emitirse la factura y en el tiempo que hay que esperar para cobrarlas podría llevar a la empresa a una situación delicada. Se puede facturar en dólares, pero al cobrarse en pesos debe emitirse una nota de crédito/débito, calculando el IVA sobre la diferencia que surge entre la factura y el pago total.

El cóctel de inflación con devaluación es explosivo, para colmo por la vigencia todavía de la ley de convertibilidad (23.928), no existe la posibilidad de incluir cláusulas de actualización en las facturas y en los contratos.

Entonces, ante esta dificultad las posibles soluciones son dos: 1) confeccionar la factura en dólares, la AFIP lo permite, para luego cobrarla en esa misma moneda o en pesos al tipo de cambio del momento del efectivo pago, esta manera no es siempre aceptada por el cliente; o 2) hacer una estimación de la inflación futura o del valor que tendrá el dólar, para incluir esta “expectativa” implícitamente en el precio del bien o del servicio.

Los que siguen por este segundo camino, que no son pocos, contribuyen a que se genere más inflación en los precios, únicamente porque no existen reglas claras en su determinación futura, se genera una inflación atomizada. Esto sin dudas genera inflación, más allá de las cuestiones que tienen que ver con la circulación del dinero, porque cada uno incorpora en el precio sus expectativas de inflación y de devaluación que vendrán.

En las décadas pasadas, en las que hubo inflación, existía un mecanismo único de actualización que se usaba para todas las variables de la economía, que era el índice de precios mayorista -nivel general-, que publicaba el INDEC. Éste era un indicador promedio confiable de la variación de los precios de todas las actividades económicas y al ser uno solo, era usado por todos y de esta manera la actualización era uniforme y no quedaba librada a estimaciones sectoriales. Pero en marzo de 1991, se suspendió la actualización de los contratos, tarifas, impuestos, balances, etc.  

El texto de la ley vigente actualmente, establece que el Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento tendrá vigencia desde el 1° de enero de 2020 para las empresas adherentes provenientes de la ley 25.922 y a partir del 26 de octubre de 2020, para las nuevas empresas. La duración del mismo será hasta el día 31 de diciembre de 2029. El decreto 1034/20 reglamentó la ley que en la actualidad se encuentra vigente. Los beneficios fiscales consisten en otorgar un bono de crédito fiscal; reducción del impuesto a las Ganancias y eximir retenciones del Impuesto al Valor Agregado.

Otras normas vigentes

Desde hace tiempo, se encuentran vigentes: 1) Opción de venta y reemplazo en el Impuesto a las Ganancias; 2) Beneficios Fiscales para el leasing; 3) Beneficios para los fabricantes de bienes de capital (Decreto 379/01); 4) Fideicomisos para la construcción; 5) Liquidación del IVA agropecuario en forma anual; 6) Bonos de crédito fiscal para apoyar la educación.

El cuidado de las inversiones

Para cuidar a las inversiones en empresas existen dos herramientas: 1) las auditorías fiscales y 2) las panificaciones fiscales. Las auditorías se apoyan en los controles, las evaluaciones y los diagnósticos relacionados con el cumplimiento fiscal de las empresas. La función de esta disciplina es minimizar las contingencias fiscales y de esta forma reducir los costos.

Las planificaciones fiscales, en cambio, se ocupan de buscar ventajas y beneficios que ayuden a disminuir la carga tributaria. Pueden ser externas e internas y la AFIP, vinculado con este tema, emitió el año pasado la Resolución General 4838, creándose un Régimen de Información que deben cumplir las empresas y los profesionales que las asesoran. En cuanto a la incumbencia de los profesionales que intervienen, todos los Consejos Profesionales del país presentaron sus reclamos a la justicia, que tuvieron diferentes resultados.