Realidad Profesional | Revista del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires y su Caja de Seguridad Social
El autor describe algunas iniciativas que se llevan a cabo en el mundo para transparentar la gestión pública y propone ideas para su correcta aplicación.
Información a disposición de los ciudadanos y una concepción interesante de la democracia: “La democracia no es hacer lo que el pueblo quiere sino algo mucho más difícil aún: hacer lo que al pueblo le conviene”, afirma.
Información es la saturación de la incertidumbre del conocimiento, y el agregado de pública, le confiere un ámbito universal "erga‑homes", a todos los habitantes de una nación determinada. En toda república democrática, todos los ciudadanos tienen derecho a conocer la identidad, composición, actividades y obligaciones del Gobierno.
Además, todo ciudadano deberá poder contar con esa información u otra aún más amplia, no ya cuando la misma surja de una acción deliberada de las autoridades del Gobierno para hacérsela conocer, sino en el momento en que sea el mismo ciudadano quien determine la necesidad de informarse y que la misma esté siempre disponible a su alcance y voluntad. Que le baste su celular o su PC para llegar a ella. Eso es lo que se ha dado en llamar e-government según Richard Heeks.
Quizá, si como ocurre en la República Federal de Alemania, la información contable del sector público se organizara en Códigos de Finanzas Públicas y Códigos de Contabilidad y Control, aplicables al orden Federal, Provincial y Municipal, dejemos de discutir sobre quien endeudó más y en que destinos al Tesoro Público.
Pero también la información es el control con que la ciudadanía cuenta para evaluar esas acciones y la utilización de esos medios para decidir la elección de sus representantes. Si el control es una manifestación de poder, es preciso devolver ese poder a la ciudadanía.
Si se pudiera lograr un sistema contable uniforme, confiable y claro del Gobierno, con el tiempo, la confiabilidad del mismo evitaría la ignorancia del ciudadano y/o la tergiversación de los hechos.
Sin pretender referirnos a las consabidas figuras del referéndum, el plebiscito y el petitorio, el ciudadano necesita participar.
Tampoco consiste esa participación en llamar a un plebiscito popular por cada acción que le toque realizar al Gobierno. Porque la democracia no es hacer lo que el pueblo quiere sino algo mucho más difícil aún: hacer lo que al pueblo le conviene.
A eso deberán atreverse los gobernantes elegidos. A correr el consabido riesgo de ejercer sus obligaciones, informar y pagar sus costos. Que si para un empresario sus costos son económicos, para un gobernante serán políticos.
¿Pero qué tiene que ver todo esto con los profesionales de ciencias económicas del sector público?
Precisamente, porque todo lo que pueda y deba hacer el gobierno deberá estar dentro del Presupuesto y entonces la contabilidad habrá de constituirse en un factor más que importante para revelar la realidad financiera y económica de la obra del gobierno. Pero más allá de lo tradicional conocido.
Ese es nuestro desafío profesional. Sin abandonar ninguno de los sistemas actuales, preparados para la información interna financiera de gobernar y las exigencias legales, encontrar resultados de información que, surgiendo de la contabilidad, satisfagan por su naturaleza, oportunidad y sencillez los deseos de los ciudadanos.
Es preciso encontrar desde la contabilidad pública, y respaldada por ella, la información de los hechos reales de la gestión del gobierno de manera sencilla y concreta.
Podría intentarse una clasificación por funciones -que ya existe- que comparara el gasto de Salud y Educación con todos los demás. Que comparara lo gastado en educación superior con la cantidad de egresados finales. Ya que hoy según dicen egresa sólo un 20%. Lo que equivale a malgastar el 80%.
También utilizar las mediciones físicas de realización de obras y servicios, por los sistemas de Presupuestos por Programas: metros cuadrados de edificios escolares o sanitarios, kilómetros de caminos, metros cúbicos de agua potable, kilowatts producidos de energía, alumnos egresados, etc.
Quizás el ciudadano no tiene el menor interés en leer, entender y evaluar un balance de una entidad pública. Es un tema de los profesionales de Ciencias Económicas. Así por ejemplo, si se trata de la empresa estatal de aguas corrientes, no pretende que la misma haya obtenido superávit, ya que del Balance no puede deducir que hará la entidad con ese dinero excedente. Y sí en cambio le hubiera gustado saber cuánto ha gastado la entidad en reparar las pérdidas de agua corriente, tan comunes y frecuentes. En qué lugar de la ciudad ocurrieron y la referencia contable que vincule el gasto realizado y lo corrobore documentalmente.
Porque esa es cuestión que lo perturba ya que frecuentemente se queda sin provisión del servicio y mientras se desperdicia el líquido que a él le cobran. Al ciudadano le interesarán las prioridades del gasto. Porque si padece inseguridad o amenaza sanitaria repudiará el gasto público dirigido a otros conceptos.
El ciudadano espera conocer cuántos agentes y patrulleros policiales se agregaron para proteger su seguridad. Cuantos delincuentes fueron neutralizados por la policía y la justicia.
El ciudadano no pretende que los servicios de transporte por trenes, subterráneos u ómnibus arrojen ganancias. Pretende un transporte cómodo, limpio, seguro y puntual. Los ferrocarriles franceses por ejemplo, son deficitarios pero cumplen con ese cometido pretendido por la población.
Ese es nuestro verdadero desafío. La otra información contable. La que precisamos todos.
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