En nuestro país, la iniciativa oficial apunta a gravar las ganancias de grandes empresas, imprevistas tras al conflicto bélico, mediante una sobre-alícuota del impuesto a las ganancias en el ejercicio fiscal 2022.

El proyecto presentado manifiesta que las empresas alcanzadas por la renta serán aquellas cuya ganancia neta imponible o contable sea superior a los $1.000 millones (alrededor de 8 millones de dólares para el momento en que fue planificado). Además, dichas sociedades de capital deben cumplir al menos con una de estas condiciones: un margen de ganancia sobre sus ingresos superior al 10% en 2022 o; un margen de ganancia en relación al período 2021 superior al 20%.  De ese modo, se intentará cobrar una alícuota de 15% sobre dicha renta y por única vez para el período fiscal indicado.
En torno a los organismos internacionales, no sólo la ONU dio el visto bueno en la aplicación sobre este tipo de ganancias: el Fondo Monetario Internacional (FMI) dio en las últimas semanas su aval para la implementación en distintos países. “Esto ayudaría a recuperar parte de las transferencias a las empresas que no las necesitan”, se comunicó desde un documento del organismo financiero.

La guerra entre Rusia y Ucrania dejó y sigue dejando diversas consecuencias, no solo para los países involucrados y sus alrededores, sino para el mundo entero. Casi 7 millones de ucranianos refugiados, una crisis alimentaria mundial a la que la ONU calificó como “un nuevo máximo” en los niveles de hambruna, crisis energética, y una tasa inflacionaria que se duplicó en todo el mundo. Cabe recordar que Ucrania es uno de los mayores “graneros” del planeta, siendo productor del 15% del maíz, 10% del trigo y alrededor del 50% del aceite de girasol del mundo. 

Todos estos conflictos trajeron fuertes dolores de cabeza para los Estados, quienes adoptan diversas medidas “extraordinarias” en relación al conflicto y sus efectos, algunas, incluso, con fuertes resistencias y debates en torno a su aplicación. Uno de ellos es el impuesto a la renta extraordinaria o inesperada. ¿De qué se trata?. En nuestro país, la iniciativa oficial apunta a gravar las ganancias de grandes empresas, imprevistas tras al conflicto bélico, mediante una sobre-alícuota del impuesto a las ganancias en el ejercicio fiscal 2022. 

El proyecto presentado en Argentina manifiesta que las empresas alcanzadas por la renta serán aquellas cuya ganancia sea superior a los $1.000 millones.

El proyecto presentado manifiesta que las empresas alcanzadas por la renta serán aquellas cuya ganancia neta imponible o contable sea superior a los $1.000 millones (alrededor de 8 millones de dólares para el momento en que fue planificado). Además, dichas sociedades de capital deben cumplir al menos con una de estas condiciones: un margen de ganancia sobre sus ingresos superior al 10% en 2022 o; un margen de ganancia en relación al período 2021 superior al 20%. 

De ese modo, se intentará cobrar una alícuota de 15% sobre dicha renta y por única vez para el período fiscal indicado. 

Argumentos a favor y en contra 

La presentación del proyecto en nuestro país trajo aparejado un fuerte debate sobre el alcance, los beneficios y puntos en contra de su aplicación. Desde el gobierno nacional, así como también otros sectores que apoyan la iniciativa (movimientos sociales y sindicales, pequeñas y medianas empresas, etcétera), calificaron como “acto de justicia” la redistribución de una porción de esa ganancia extraordinaria, producto de los gajes de la guerra. "Esta guerra nos somete a dos realidades: a que millones de seres humanos entren en riesgo y a que muy poquitos ganen muchísimo con los efectos de esta guerra. Y esa es la inmoralidad e indecencia que no podemos permitir desde la política y desde el manejo del Estado", expresó en la presentación del proyecto el presidente, Alberto Fernández.

En esa misma línea, el por entonces ministro de Economía argentino, Martín Guzmán, aseveró: “Hay empresas que se favorecen con el alza de los precios internacionales debido a la guerra y, en consecuencia, venden sus productos a precios más altos obteniendo una ganancia extraordinaria que no proviene de mejoras en la productividad, de mayores inversiones, ni de mayor producción sino simplemente del contexto (...) Es un mecanismo para reducir esta dinámica de concentración de la riqueza en pocas manos". 

Además, se explicó que, en caso de que parte de esa renta inesperada se utilice para reinversión, la contribución será menor al 15% original. 

Por otro lado, entidades agropecuarias (cuyas sociedades serían las mayormente alcanzadas) y distintos tributaristas se mostraron en disconformidad con el proyecto y su aplicación. Desde Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) se expresó que es una “medida incongruente” que “van a pagar los productores” porque “las empresas agroexportadoras lo van a trasladar en el precio a pagar”. Por otro lado, indican que no está claro cómo se analizará la diferencia entre la producción 2021 y sus ganancias y la de 2022, para determinar qué es y qué no producto extraordinario del contexto.

La queja en distintos medios por tributaristas también se expresa desde la denominación de “impuesto confiscatorio” que solo agrega mayores cargas impositivas al contribuyente. En ese sentido, también se manifestó desde distintos sectores empresariales que “no está claro” que las ganancias de las empresas argentinas de los últimos meses estén directamente relacionadas con el contexto de guerra. 

 

Impuesto a la Renta Extraordinaria: Aplicación en el mundo y el apoyo de organismos internacionales

Como se mencionó anteriormente, el debate sobre esta renta inesperada no es únicamente un tema argentino, sino que la discusión (y aplicación) también se da en otras partes del mundo. Cabe destacar que este tipo de renta fue aplicado también en otros contextos históricos, y no sólo en esta nueva guerra: lo hizo Australia, en 2010, luego de un año de ganancias extraordinarias de empresas mineras. Algo similar hicieron países como Suecia, Noruega, Canadá, Alemania e Irlanda en la década del ‘90, luego de una masiva revaluación de tierras debido a la suba de los precios internacionales en materias primas. En 1997, Inglaterra impuso un impuesto extraordinario a las empresas de servicios públicos, que habían sufrido la privatización poco tiempo antes. 

En caso de que parte de esa renta inesperada se utilice para reinversión, la contribución será menor al 15% del proyecto original.

Pero, en la coyuntura de la guerra Rusia - Ucrania, también hubo rápidas decisiones de distintos países para gravar dicha renta. El primero en impulsarlo fue Italia: tras los aumentos en los precios de la energía eléctrica, el gobierno italiano anunció un impuesto extraordinario a las empresas del rubro del 10% de las ganancias inesperadas. La acción recaudó alrededor de 4400 millones de euros y tras ese “éxito” y la continua suba de los precios de la energía, en mayo de 2022 el impuesto se gravó en un 25%

Un caso único es el de Grecia, que tras años de crisis, pandemia y afectación por la guerra, anunció un impuesto del 90% sobre las rentas extraordinarias.

Similar es el caso de Reino Unido y su “Windfall Tax”, un impuesto para las empresas productoras de gas y petróleo, con un 25% sobre sus ganancias extraordinarias. Lo distinto en este caso es que no será únicamente por el período 2022, sino que estará vigente hasta diciembre de 2025, ya que se estima que las ganancias producto del hecho bélico se extenderán, como mínimo, hasta esa fecha. En ese sentido, se afirmó que los hogares residenciales triplicarán la factura de consumo en su valor (de US$ 1000 a US$ 3500). 

España, por su parte, lo comenzó a aplicar durante la pandemia, y su Presidente, Pedro Sánchez, anunció que se mantendrá a partir del contexto de guerra. Bélgica es otro de los países que, a pesar de encontrar resistencias en las empresas de energía (sobretodo la mayoritaria del país, Engie), avanza en su aplicación. 

Un caso único es el de Grecia, que tras años de crisis, pandemia y afectación por la guerra, anunció un impuesto del 90% sobre las rentas extraordinarias de empresas de diversos rubros, con un monto de alrededor de 620 millones de dólares.

En torno a los organismos internacionales, no sólo la ONU dio el visto bueno en la aplicación sobre este tipo de ganancias: el Fondo Monetario Internacional (FMI) dio en las últimas semanas su aval para la implementación en distintos países. “Esto ayudaría a recuperar parte de las transferencias a las empresas que no las necesitan”, se comunicó desde un documento del organismo financiero. 


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