En la provincia de Buenos Aires, así como en la Argentina y en el mundo, ser mujer, lesbiana, trans o travesti es un factor de desigualdad y de riesgo que conlleva una menor autonomía económica y física, menor participación en la toma de decisiones y un acceso desigual a derechos básicos como el empleo, la salud, la vivienda y la educación.

El gobierno de la Provincia viene llevando adelante un proceso de jerarquización institucional de las cuestiones de género en el Estado y estableció como uno de sus ejes estratégicos prioritarios la transversalización del enfoque de género en todas las esferas de las políticas públicas y en cada organismo público de la Provincia (Ley de Presupuesto 2021, N° 15.225).

Los Presupuesto con Perspectiva de Género (PPG) son una herramienta fundamental para llevar a cabo esta tarea ya que se proponen incluir el enfoque de género de manera transversal en todas las acciones, programas y políticas públicas y a lo largo de todo el ciclo presupuestario, de manera tal de asegurar la obtención y asignación apropiada de recursos en términos de equidad.

ARTÍCULO PUBLICADO EL viernes 09 de septiembre
Edición N. 129 - Septiembre / Octubre 2022

NOTAS DE AUTOR

Mg. Laura Lombardía Mg. Laura Lombardía Directora de la Unidad
de Género y Economía del
Ministerio de Hacienda y Finanzas
de la Provincia de Buenos Aires

En la provincia de Buenos Aires, así como en la Argentina y en el mundo, ser mujer, lesbiana, trans o travesti es un factor de desigualdad y de riesgo que conlleva una menor autonomía económica y física, menor participación en la toma de decisiones y un acceso desigual a derechos básicos como el empleo, la salud, la vivienda y la educación.

Un factor clave para entender las desigualdades estructurales entre varones y mujeres está vinculado al reparto desigual de las tareas domésticas entre géneros: las mujeres dedican cerca del doble de tiempo a tareas domésticas y de cuidados (tales como cocinar, limpiar, hacer los mandados, cuidar a los/as más pequeños/as o a personas mayores, entre muchísimas otras). Estas tareas resultan indispensables para la reproducción social de la vida y sostienen silenciosa (y “gratuitamente”) el funcionamiento del sistema socioeconómico en el que vivimos. Esta asimetría en la distribución del trabajo doméstico y de cuidados constituye un núcleo duro de las desigualdades, ya que disminuye el tiempo que las mujeres pueden dedicar a otras actividades, como al autocuidado y al descanso, a formarse y capacitarse, a tener un empleo remunerado o trabajar mayor cantidad de horas, a participar en actividades políticas, entre otras.

En relación al mercado laboral, las mujeres enfrentan mayores obstáculos para participar y, cuando acceden, lo hacen con tasas de empleo más bajas y en condiciones más precarias en relación a los varones: empleos de pocas horas, sectores poco dinámicos, con bajos salarios y malas condiciones de contratación y altos grados de informalidad. Además, deben enfrentar mayores dificultades para el acceso a puestos de decisión o limitarse a ramas o sectores asociados a roles estereotípicamente femeninos, prolongando en el mercado el rol de “cuidadoras” que se les asigna al interior de los hogares.

Esta realidad se convierte en una barrera para la autonomía económica de las mujeres: según datos de la Encuesta Permanente de Hogares para el 4to trimestre de 2021, los ingresos promedio de ellas son un 30% más bajos que los de los varones, brecha que se amplía entre trabajadores/as informales, entre los/as que supera el 40%. Asimismo, el acceso restringido a los ingresos explica que las mujeres se encuentren sobrerrepresentadas entre los sectores más pobres de nuestra Provincia.

Sumado a esto, la existencia de relaciones desiguales entre las personas a partir del género da lugar al ejercicio de la violencia de unas sobre otras y a situaciones en las que se pone en riesgo la libertad, la dignidad, la integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también la seguridad personal y hasta la vida. En este sentido, en 2021 en la PBA se registraron 73 femicidios (un 31,6% de los casos de femicidios a nivel nacional). Esto significa que en la PBA 1 mujer es víctima de femicidio cada 5 días. Asimismo, según las llamadas a la línea 144, que brinda atención, contención y asesoramiento en situaciones de violencia de género, un 96% de los llamados reportaron situaciones de violencia psicológica, 82% de violencia simbólica, 69% de violencia física, 47% de violencia económica y patrimonial, y 20% de violencia sexual.

En los últimos años, los movimientos feministas han tenido un rol preponderante en el escenario político local, reforzando demandas vinculadas a la urgente necesidad de erradicar la violencia contra las mujeres y diversidades, pero también instalando nuevas demandas y desafíos relacionados con el rol que cumplen las mujeres en la generación de riqueza y discutiendo su reparto desigual.

Los presupuestos públicos se presentaron durante mucho tiempo como agregados monetarios de ingresos, gastos y resultados, sin hacer mención ni distinción a mujeres, varones o LGTBI+, y considerando que sus efectos son beneficiosos para todos/as por igual.

Presupuesto Público para la Igualdad

El gobierno de la Provincia viene llevando adelante un proceso de jerarquización institucional de las cuestiones de género en el Estado y estableció como uno de sus ejes estratégicos prioritarios la transversalización del enfoque de género en todas las esferas de las políticas públicas y en cada organismo público de la Provincia (Ley de Presupuesto 2021, N° 15.225).

En este sentido, por primera vez en la historia de la provincia, se creó un Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual (MMPGyDS), se establecieron áreas de género en diversas jurisdicciones de la Administración Pública Provincial (APP) y hay una mayor participación de mujeres y LGTBI+ en puestos jerárquicos en diversos ministerios y organismos. Además, bajo la órbita del MMPGyDS, se fortalecieron los órganos de articulación para transversalizar la perspectiva de género en las Políticas Públicas.

  • Los movimientos feministas contribuyeron a instalar nuevas demandas y desafíos relacionados con el rol que cumplen las mujeres en la generación de riqueza y discutiendo su reparto desigual.
  • Las mujeres enfrentan mayores obstáculos para participar en el mercado laboral y cuando acceden lo hacen con tasas de empleo más bajas y en condiciones más precarias en relación a los varones.

La voluntad de transversalizar la perspectiva de género en el Estado implica tener presentes las desigualdades estructurales que afectan a mujeres y diversidades al momento de diseñar y ejecutar las políticas públicas. Los Presupuesto con Perspectiva de Género (PPG) son una herramienta fundamental para llevar a cabo esta tarea ya que se proponen incluir el enfoque de género de manera transversal en todas las acciones, programas y políticas públicas y a lo largo de todo el ciclo presupuestario, de manera tal de asegurar la obtención y asignación apropiada de recursos en términos de equidad.

Para transversalizar la perspectiva de género, los PPG analizan y promueven que las políticas reduzcan brechas de desigualdad. Es por ello que un PPG no es simplemente una diferenciación de los recursos según el género de las/os destinatarias/os, o la generación de partidas presupuestarias destinadas sólo a mujeres y a personas LGTBI+, ni hace referencia exclusiva a los recursos destinados a los organismos “de mujeres”.

La posibilidad de reducir brechas de desigualdad está presente en cada área de intervención de la política pública. Por ejemplo, incrementar la inversión en infraestructura del cuidado (como jardines materno paternales, centro de cuidados para personas mayores o con discapacidad, etc.) al planificar la obra pública tendría resultados beneficiosos en términos de género, ya que impactaría en reducir brechas de tiempos y cuidados. De igual manera, si al diseñar la política de empleo se toma en consideración que las mujeres suelen insertarse en sectores poco dinámicos de la economía y se estimula su inserción en sectores tradicionalmente masculinizados (como la industria y la tecnología), se estaría contribuyendo a cerrar brechas de empleo e ingresos.

Los presupuestos públicos se presentaron durante mucho tiempo como agregados monetarios de ingresos, gastos y resultados, sin hacer mención ni distinción a mujeres, varones o LGTBI+, y considerando que sus efectos son beneficiosos para todos/as por igual. Los PPG problematizan esa supuesta “neutralidad” y buscan romper la ceguera de género de los presupuestos, analizando cómo las políticas públicas contribuyen (o no) a la igualdad.

Los Presupuesto con Perspectiva de Género (PPG) analizan y promueven que las políticas reduzcan brechas de desigualdad.

El presupuesto 2022 es el primero con perspectiva de género en la PBA. Producto de un trabajo colectivo en el que participaron todos los organismos de la administración pública provincial, se logró cuantificar la inversión con perspectiva de género y clasificar las políticas de acuerdo a las brechas que contribuyen a reducir o área en la que impactan. Para 2022, la inversión con perspectiva de género asciende a $74.731 millones, que representan 2,4% del presupuesto total y se corresponden con 57 actividades presupuestarias ejecutadas por 11 organismos, lo que refleja la transversalidad del gasto con impacto en género.

El PPG 2022 es solo un primer paso en el camino hacia la institucionalización de las políticas de género. El desafío que tenemos por delante es lograr que cada vez más políticas públicas y organismos incorporen el enfoque de género en el diseño y la implementación de sus programas y acciones. Además, desde la Unidad de Género y Economía del Ministerio de Hacienda, y junto con el Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual, comenzamos a trabajar junto con los municipios de la PBA en la elaboración de PPG locales, labor que profundiza la transversalización del enfoque de género y potencia su impacto en los territorios.

La incorporación de la perspectiva de género en el presupuesto constituye un paso fundamental para cerrar brechas estructurales y favorecer la recuperación económica con perspectiva de género. Es también una herramienta central para reconstruir la Provincia en clave inclusiva y de igualdad.

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