Dividendos y honorarios
de directores y socios gerentes

Un mismo hecho de la vida económico-social puede constituir una relación jurídica privada a la vez que ser un hecho imponible, o uno de sus elementos. Pero esta circunstancia no significa, que el legislador del derecho tributario esté supeditado al derecho privado en la elaboración de los conceptos legales y que, por lo tanto, el intérprete del derecho tributario esté sometido a los principios y normas o conceptos del derecho privado, para interpretar las leyes tributarias.

Establecido que el derecho tributario y el derecho privado pueden tomar como base las mismas relaciones humanas, pero que les atribuyen efectos distintos siguiendo distintos principios y por razones completamente diferentes, como las de sacar consecuencias tributarias, o bien reconocer eficacia creadora a la voluntad privada, o a atribuir consecuencias a las relaciones entre los hombres agrupados entre sí, o solo como consecuencia de los actos, de los hechos, los contratos, los delitos o los cuasidelitos; establecida esta diferencia, el derecho privado determina sus propias normas y el derecho tributario las suyas, habiendo posibilidad de coincidencia y también divergencia. Las normas del derecho tributario y las del derecho privado no deben ser necesariamente divergentes, pero tampoco deben ser idénticas; y mucho menos las del derecho tributario deben quedar subordinadas a las del derecho privado.

Se puede afirmar que en la mayoría de los artículos de la Ley del Impuesto a las Ganancias T.O. 2019 en los que se da tratamiento a los “dividendos” no se ha establecido un concepto propio para el derecho tributario, por lo cual debe considerarse la definición y tratamiento que se le ha atribuido en el Derecho Societario.

Sin embargo, debe tenerse en cuenta el cuarto párrafo del artículo 49 de la Ley, que establece lo siguiente:

Definición de presunción:

El profesor D’Ors -citado por Pérez de Ayala- define la presunción como “el acto de aceptar la veracidad de un hecho por la evidencia de otro del que normalmente depende aquel hecho no probado”. Por consiguiente, ciertas presunciones pueden ser anuladas mediante el desarrollo de una prueba en la cual se acredite la falsedad de la presunción, es decir, la inexistencia del hecho que se presume -presunciones iuris tantum-, mientras que otras -presunciones iuris et de iure (de derecho y por derecho)- no admiten ningún tipo de prueba tendiente a destruir el hecho presumido.

Definición de ficción:

En el trabajo ya citado, Pérez de Ayala señala que la ficción constituye una valoración jurídica, contenida en un precepto legal, en virtud de la cual se atribuye a determinados supuestos de hecho efectos jurídicos que violentan e ignoran su naturaleza real. Como bien acota, la ficción ni falsea ni oculta la verdad real: lo que hace es crear una verdad jurídica distinta de la real.

De tal manera, la presunción absoluta, a pesar de haber sido estudiada como un elemento más de la teoría de la prueba, con el paso del tiempo ha logrado convertirse en una institución de derecho sustancial, relegando su carácter procesal a un aspecto meramente histórico.

Así, se ha dicho que estas “presunciones” no son tales, sino “disposiciones”, y que la prohibición de su prueba es todo lo contrario al carácter procesal que se le asignó. Sin embargo, esa conclusión no es excluyente del campo probatorio, porque siempre hay que demostrar el hecho en que la “presunción” debe apoyarse.

Nota de la redacción: El presente artículo cuenta con una segunda entrega, donde el autor profundiza en la temática. La misma será publicada próximamente.