Inconvenientes en el tratamiento
de los dividendos sobre la Ley 27.430

Mediante este párrafo, los legisladores borran tácitamente el primer párrafo y, a efectos de otorgarle alguna ¿lógica?, debemos interpretar que las evidencias detalladas en los incisos del artículo 50 de la Ley presumen que las utilidades acumuladas indicadas en el párrafo bajo análisis son dividendos puestos a disposición.

Ahora bien, si lo que he expresado en el párrafo anterior ha sido el objetivo del legislador, entonces debemos también interpretar que se trata de una nueva definición de “dividendo” estrictamente de derecho tributario.

La diferencia con la situación de rescate total o parcial de acciones, que se considera dividendo de distribución, es que en dicho caso no se puede producir una posible doble imposición sobre un mismo hecho económico, en cambio en el caso indicado en el artículo 50 de la Ley que se encuentra sujeto a la alícuota y retención del artículo 97 de la Ley, ¿debemos aseverar que en caso de que la Asamblea de Accionistas aprueben y pongan a disposición dividendos teniendo en cuenta los mismos resultados acumulados que dieron lugar a los “dividendos presuntos”, también se encuentran sujetos al impuesto y retención del artículo 97 de la Ley? O debemos tener en cuenta las palabras del primer párrafo del artículo 50 de la Ley y confirmar que sólo se trata una presunción de la puesta a disposición, adelantando el momento que la Sociedad disponga la real puesta a disposición, por lo cual el impuesto del artículo 97 de la Ley retenido e ingresado por los “dividendos presuntos” corresponde a los dividendos aprobados y puestos a disposición por la Asamblea de Accionistas, dado que, no corresponde una doble imposición del mismo impuesto para un mismo sujeto sobre un mismo hecho económico.

1. Debe ser coherente con el resto del ordenamiento jurídico. No debe olvidarse que cuando un cuerpo legislativo aprueba un proyecto de ley, no lo hace para que permanezca aislado, sino que su destino será incorporarse al orden jurídico. En tal sentido, debe mantenerse la coherencia entre la norma que se propone y el resto de la normativa vigente.
   Esta tarea no es exclusivamente del técnico legislativo, por cuanto la decisión acerca del contenido jurídico de la norma es una atribución del legislador. Sin embargo, sí debe el técnico advertir acerca de las incoherencias que pudieran plantearse y proponer una solución coherente.
2. Debe ser un fiel reflejo de la decisión política que motivó al legislador. Muchas veces sucede que, por defectos en la elaboración del texto, la decisión política se ve alterada o, al menos, no queda claro cuál fue realmente esa decisión. Por supuesto, si la decisión política no es clara, el cumplimiento de este requisito se transformará en algo imposible. Debe, en consecuencia, el técnico, inquirir con precisión al decisor político acerca de cuál es la decisión adoptada.
3. El texto debe ser interpretado de la misma manera por cualquier lector, condición sine qua non para garantizar los derechos elementales de seguridad jurídica y de igualdad ante la ley. En efecto, si la ley admite diferentes interpretaciones, es imposible garantizar la seguridad jurídica: el ciudadano puede haber actuado conforme su interpretación de la ley pero el juez decidir que esa interpretación no es la correcta y que, por lo tanto, el ciudadano ha incumplido la ley. Asimismo, la igualdad ante la ley se transforma en una mera ilusión: ante dos casos objetivamente iguales, dos jueces podrán aplicar leyes diferentes según la interpretación que cada uno de ellos le dé al texto legal. Esta tarea, la de asegurar al texto una interpretación unívoca, es tal vez la tarea más importante del técnico legislativo y es de su exclusiva responsabilidad.