Sistema tributario:
¿Cuántos impuestos existen realmente?

Este breve trabajo tiene por objeto denunciar el sofisma que significa un supuesto estudio al que se le atribuyen visos de seriedad técnica, y que por tal condición, difunden medios periodísticos, replican políticos, economistas, funcionarios de todos los niveles de gobierno, como si fuera cierto.

Por caso, algún Intendente municipal del interior de la Provincia de Buenos Aires, se jacta de haber reducido 130 tasas municipales de su ordenamiento fiscal. Un verdadero dislate. Es como si compitieran por ser el gobernante local que más tasa reduce, entonces leemos en alguna red social, que han reducido en otro municipio 500 tasas… y así … hasta el infinito… y más allá.

Para quienes estamos habituados en trabajar con los tributos municipales en particular, y con la materia tributaria en general, bien sabemos que en Argentina -aún a pesar de lo complejo del sistema- no existen ni 165 ni 148 tributos, y menos aún, existen 78 municipales.

La falta de rigor técnico del vademécum que el IARAF viene desarrollando hace un poco más de un lustro, da cuenta de falsedad con apariencia de verdad, como todo sofisma.^[2]

Asumiendo la complejidad del sistema tributario, debemos dejar en claro que si de lo que se trata es de impuestos que gravan renta, patrimonio o consumo, nacionales, provinciales o municipales, los informes que criticamos adolecen de un par de yerros llamativos. Distinguen entre impuestos que están regulados dentro de una misma norma (por ejemplo la ley del impuesto a las ganancias, como si fueron distintos tributos) o más significativo aún, como distintos impuestos a los que grava la ley de impuestos internos.

Siguiendo con este criterio, debería agregarse como tributos, los derechos o cánones que se pagan por ingresar a los Parques Nacionales, pero mejor no demos ideas.

Sabido es que los municipios gozan de las facultades y limitaciones impositivas reconocidas por la Constitución Nacional,^[3] con las atribuciones que le confiera cada Constitución Provincial,^[4] la ley de coparticipación federal de impuestos,^[5] y el Convenio Multilateral del 18 de agosto de 1977 celebrado en Salta ^[6].

En ese marco, basta con revisar las Ordenanzas Fiscales y Tarifarias de cualquier municipio promedio del país^[7] y se visualizará sin mayor dificultad que existen aproximadamente una veintena de tributos que regulan en sus ordenamientos los municipios. En general tasas retributivas de servicios que se prestan, derechos o cánones por distintos tipos de autorizaciones o permisos de uso, contribuciones de mejoras, los que aún en el mejor de los casos, podrían ascender a un par de docenas.

A modo de ejemplo, revisando el listado de tributos municipales que informa el vademécum del IARAF, trata como distintos el sistema de estacionamiento medido, de los derechos o cánones de ocupación de espacio público, o la tasa de generación de residuos a los grandes generadores como si fuera diferente -en lo sustancial- de la tasa por alumbrado, barrido y limpieza. Para muestra basta un botón.

En tiempos como los actuales, es un mandato imperativo -para todos aquellos que reivindicamos la existencia del Estado como la herramienta transformadora de la realidad social, y en particular de los Estados locales, provinciales y municipales- salir al cruce de un relato sin sustento en el sistema tributario real, que tiende a confundir a la opinión pública y a los actores del sistema político y social, con reportes formulados con supuesta solvencia técnica y profesional, pero que resultan ser producto de una visión sesgada y tendenciosa.

La complejidad de la situación social Argentina nos interpela, nos obliga a ser más eficientes en la generación de los recursos fiscales, a ser más eficientes en el destino del gasto. El camino es profesionalizar los cuadros técnicos de los municipios, la actualización permanente de las normas fiscales, corregir lo que sea necesario, profundizar los cambios que la modernización exija, más no dejarnos llevar por un discurso funcional a los intereses que son ajenos a un Estado Social y Democrático de Derecho. Es nuestro desafío.