La regulación de honorarios
del Perito y las instancias recursivas

Dicho porcentaje de honorarios será merituado por el juez en función de las particularidades del caso, importancia de la labor, extensión, responsabilidad, mérito y la especial participación de la pericial contable para la dilucidación de la litis.

Entendemos que el monto del proceso, para el caso de culminación del mismo a través del dictado de la sentencia, corresponde al monto de condena más los intereses fijados en los considerandos respectivos. Sobre ese importe total, se aplica el porcentaje fijado en la norma para la determinación de los honorarios profesionales del auxiliar de justicia. Generalmente, en el fuero del trabajo, dicha liquidación es practicada por la Secretaría del Tribunal, corriendo luego traslado a las partes para estas, en caso de considerarlo pertinente, la observen y/o impugnen.

En el caso que las partes decidan celebrar el acuerdo conciliatorio, y una vez homologado por el juez, dicho importe constituirá la base sobre la que se deberá aplicar el porcentaje legal para determinar el honorario del perito. Sobre el monto objeto del acuerdo es que el juez nos regulará los honorarios correspondientes.

No obstante lo expuesto precedentemente, dicho artículo establece el mínimo de 3 Jus arancelarios -cuyo valor publica periódicamente la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires a través de la celebración de Acuerdos- para aquellas regulaciones que, aplicando la escala porcentual analizada con anterioridad, no alcancen dicho importe mínimo. Esto quiere decir que ningún auxiliar de la justicia en su carácter de perito contable podrá percibir menos de 3 Jus por su labor desplegada (piso mínimo).

Al respecto, el artículo 182 de la Ley 13.750 consagra que "los honorarios que surgen de la aplicación de la escala y procedimiento del artículo 207 y las demás retribuciones establecidas en las restantes disposiciones son mínimos y obligatorios".

Dicho accionar resulta contraproducente toda vez que la falta de fundamentación del recurso de apelación en debido tiempo y forma habilita a las partes intervinientes o, incluso, a la Cámara de Apelación a declarar desierto el recurso. Por este motivo, se lo tendrá por no interpuesto y por tanto, nuestros honorarios regulados quedarán firmes, o sujetos a la resolución del planteo efectuado por el obligado al pago, por cuanto este seguramente los haya apelado por altos y fundado en legal tiempo y forma. Es así que corremos en desventaja si se produce dicha circunstancia.

Por su parte, en las regulaciones de honorarios recaídas ante los Tribunales del Trabajo, no tendremos la posibilidad de apelar ante la Cámara ya que no existe dicha instancia recursiva en este fuero, por lo que las resoluciones recaídas en dichos tribunales son irrecurribles, salvo la posibilidad de plantear, en determinadas circunstancias, el recurso de inaplicabilidad de ley previsto en el Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires (arts. 278/280), cuyo tratamiento excedería la temática prevista para el desarrollo de la presente redacción.

No obstante la limitación recursiva impuesta, podremos interponer el recurso de reconsideración a los fines que el Tribunal, atendiendo a los motivos y circunstancias del caso, revoque por contrario imperio el auto regulatorio oportunamente dictado y lo adecúe a la normativa vigente en la materia, esto es, elevándolos a su justa medida.

El arancel del perito contable, un asunto de orden público

La vulneración de la escala arancelaria atenta contra la labor del perito, desjerarquizando su trabajo, mientras que la correcta aplicación de la misma la dignifica, máxime si tenemos en cuenta lo normado por el artículo 168 de la ley 10.620, que establece que los honorarios regulados a los profesionales en ciencias económicas auxiliares de la justicia revisten el carácter de orden público.

Al respecto,  “«el orden público es el conjunto de condiciones fundamentales de vida social instituida en una comunidad jurídica las cuales por afectar centralmente la organización de estos no pueden ser alteradas por la voluntad de los individuos ni, en su caso, por la aplicación de normas extranjeras» (…) la Corte Suprema de Justicia de la Nación precisó que el legislador, al disponer qué es de Orden Público, ha definido a la ley como contenedora de un conjunto de principios de orden superior estrechamente vinculados a la existencia y conservación de la organización social establecida y limitadora de la autonomía de la voluntad^[1]”.

Con el paso del tiempo, el trabajo del perito (e incluso del síndico) se torna rentable; pero siempre debemos dedicar el tiempo necesario para la capacitación constante, realizando nuestra labor con la responsabilidad y diligencia que exige nuestro cargo, respetando y acatando las directivas del juez, y evacuando los requerimientos formulados con respecto a nuestra actividad.

Es por ello que, convencidos de nuestro trabajo impecable, podremos exigir los honorarios que nos corresponden por ley: aquella retribución que no solo se adecue a la normativa legal imperante sino que dignifique el desarrollo de la labor pericial.