Realidad Profesional | Revista del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires y su Caja de Seguridad Social
El impacto de la política industrial
PyME en las Cadenas de Valor Globales
La política industrial está llamada a monitorizar la integración de las PyMEs en las Cadenas de Valor Globales. El rol del sector público y la rápida reacción ante los cambios en las tendencias del mercado, claves para el éxito de las PyMEs.
La política industrial desempeña un papel fundamental en la integración de las PyMEs en las Cadenas de Valor Globales (CVG). Para ello, es necesario un análisis estratégico basado en las tendencias del mercado global y las características competitivas de las empresas en cada región, acompañado de un entorno empresarial favorable, estabilidad socio-política y previsibilidad económica. Aunque la responsabilidad de la planificación estratégica recae en las empresas individuales, las PyMEs carecen a menudo de recursos para comprender la estructura global de la cadena y anticipar cambios en el mercado mundial, por lo que el rol del sector público es esencial a la hora de estimular procesos de reestructuración, y una colaboración activa en materia impositiva y fiscal.
ARTÍCULO PUBLICADO EL viernes 19 de enero
Edición N. 137 - Enero / Febrero 2024
NOTAS DE AUTOR
Dr. Gustavo Tapia
Contador Público (Tomo 168, Folio 48, Consejo Profesional de Ciencias Económicas
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires).
Magíster en Estrategia y Geopolítica.
Posgrado en Especialización Financiera.
Docente e investigador.
La política industrial tiene un papel fundamental en el estímulo e integración entre las PyMEs y las Cadenas de Valor Globales (CVG). Los programas de actuación, diseñados con este fin, deben sustentarse sobre el análisis estratégico de las oportunidades y de las amenazas derivados de los distintos modelos posibles de inserción, siempre en función de las tendencias del mercado global y de las fortalezas y las debilidades competitivas de las empresas en cada ámbito territorial.
Para eso, conviene mantener un entorno general favorable a la actividad empresarial que facilite la creación y el desarrollo de las PyMEs, así como la atracción de inversiones extranjeras directas. Las condiciones “ambientales” óptimas para el desarrollo de la actividad empresarial comprenden un clima de estabilidad socio-político y macroeconómico; un marco institucional y regulador a favor del funcionamiento del mercado y de la actividad empresarial, que impulse una liberalización externa gradual y ordenada y no genere barreras administrativas innecesarias para las empresas; y un suministro adecuado de aquellos bienes y servicios públicos que repercuten sobre la competitividad de las empresas, en especial de infraestructuras, educación e investigación básica y aplicada.
Lo público y privado, dos caras complementarias del progreso
A su vez, las instituciones públicas también pueden estimular la inserción de las PyMEs autóctonas en las CVG por medio de mecanismos más directos. En este sentido, los poderes públicos pueden actuar como catalizadores de vínculos de cooperación vertical entre las PyMEs autóctonas y las grandes corporaciones externas. Así, varias agencias internacionales, especialmente la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI), la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) y la Corporación Financiera Internacional (CFI) vienen desarrollando programas de actuación para favorecer la integración de las PyMEs mencionadas a las CVG, tratando de movilizar y poner en contacto a gobiernos, empresas locales, grandes corporaciones transnacionales, asociaciones empresariales, instituciones de investigación y desarrollo tecnológico u otras entidades de la sociedad civil.
Otra vía de actuación posible para favorecer dicho proceso pasa por colaborar en el fortalecimiento de las competencias de las PyMEs, a fin de que estas puedan superar las barreras de entrada que frenan su acceso a las cadenas de valor. Los poderes públicos pueden apoyarlas en la obtención de estándares internacionales, tanto en lo que se refiere a sus productos y procesos, como en lo relativo a las condiciones laborales y el impacto medioambiental derivado de su actividad. Las grandes empresas que controlan las CVG exigen frecuentemente a sus proveedores estas certificaciones, como garantía de su capacidad para afrontar el suministro requerido en condiciones idóneas o, en el caso de los estándares laborales y medioambientales, como estrategia de marketing ante la concienciación creciente de los consumidores en los países desarrollados, respecto a las situaciones de explotación laboral en los países en desarrollo.
De este modo, tratan de evitar que su imagen ante a los consumidores se deteriore por su implicación, aunque fuere indirecta mediante sus proveedores, en prácticas repudiables desde una perspectiva social o medioambiental. Sin embargo, los costos derivados de los procedimientos de auditoría requeridos para obtener estas certificaciones externas suelen ser elevados y las PyMEs pueden tener problemas para asumirlos. Es por ello que la introducción de incentivos financieros o fiscales puede resultar una medida efectiva para estimular los procesos de certificación.
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Las condiciones óptimas para el desarrollo de la actividad empresarial comprenden un clima de estabilidad socio-político y macroeconómico y un marco institucional y regulador a favor del funcionamiento del mercado.
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PyMEs: competencia, innovación e integración
Las autoridades pueden estimular los procesos de mejora de las PyMEs efectivamente integradas en CVG, a fin de preservar su competitividad, incrementar su capacidad de creación de valor y propiciar su adaptación a los cambios en las condiciones de competencia. En este aspecto, resulta esencial para las PyMEs involucrarse en un proceso innovador continuo orientado a la mejora de sus productos, de sus procesos, que le proporcione un posicionamiento más ventajoso en las CVG y que tienda a la mejora intersectorial, derivada del abandono de aquellos mercados en los que la competencia se establece esencialmente vía costos laborales, para operar en otros donde la diferencia se haga en términos intangibles, como en tecnología y conocimiento, diseño o marketing y sea posible crear y mantener barreras de entrada que las protejan de los competidores.
Las PyMEs pueden impulsar sus procesos de mejora superando las restricciones asociadas a su tamaño mediante la cooperación horizontal con otras PyMEs. Este apoyo público sistemático a los procesos de mejora de las PyMEs resulta especialmente necesario en el ámbito tecnológico, teniendo en cuenta las limitaciones que por su reducido tamaño deben enfrentar cuando tratan de desarrollar actuaciones en el campo de la I+D+I (Investigación, Desarrollo e Innovación). Asimismo, ellas pueden impulsar sus procesos de mejora superando las restricciones asociadas a su tamaño mediante la cooperación horizontal con otras PyMEs. Al mismo tiempo, la política industrial puede jugar también un papel relevante como catalizador de relaciones horizontales de cooperación entre este tipo de empresas, a fin de favorecer el desarrollo de soluciones tecnológicas, de abrir nuevos mercados o desarrollar estrategias comerciales conjuntas, entre otros campos de actuación posibles.
Finalmente, la política industrial está llamada a monitorizar las pautas de integración. Se trata así de evaluar los riesgos y oportunidades estratégicas para el territorio, como consecuencia de la participación en las CVG de las PyMEs autóctonas y reforzar la capacidad de estas para anticiparse o reaccionar rápidamente ante los cambios en las condiciones de competencia. Es cierto que son las empresas individuales las responsables de abordar la planificación estratégica de su negocio, pero también lo son las PyMEs, que carecen frecuentemente de los recursos financieros y las capacidades gerenciales para tomar conciencia de la estructura y del funcionamiento global de la cadena y detectar las tendencias de los mercados.
La introducción de incentivos financieros o fiscales puede resultar una medida efectiva para estimular los procesos de certificación PyME y el consecuente agregado de valor. En ese sentido, dichas empresas pueden enfrentarse a serias dificultades para tener una idea clara de las amenazas y oportunidades existentes, así como de los cambios que puedan estar experimentando sus fortalezas y debilidades competitivas en el mercado global como consecuencia, por ejemplo, de la alteración de los gustos de consumidores situados en mercados distantes o por la irrupción de competidores en cualquier parte del mundo; cambios que les resultan difíciles de anticipar o detectar con rapidez. Es por ello que las autoridades públicas pueden jugar un papel positivo orientando a los clústers de PyMEs en los sectores más representativos en cada ámbito territorial, a fin de estimular los procesos de reestructuración y ajuste con mayor rapidez.
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