Aspectos controvertidos
de la sindicatura societaria

Inhabilitación general para ejercer la sindicatura

El art. 286 de la LGS señala que están inhabilitados los que no pueden ser directores según el art. 264 que menciona a: quienes no pueden ejercer el comercio; los fallidos por quiebra; y a los condenados con prohibición de ejercer cargos públicos o por otros delitos especificados en la ley.

Sin embargo, luego de rehabilitados por la justicia y transcurrido un plazo variable según el caso, pueden ejercer como síndicos. Sigue el art. 286, diciendo que tampoco pueden ser síndicos los funcionarios públicos relacionados con el objeto social hasta dos años después de cesar en sus funciones oficiales, ni los directores, gerentes y empleados de la misma sociedad o de otra controlada o controlante. Tampoco, los cónyuges, los parientes por consanguinidad en línea recta, los colaterales hasta el cuarto grado inclusive y los afines dentro del segundo de los directores y gerentes generales.

Ahora, para CF de sociedades reguladas por la CNV, según el art. 12 de la Sección III, Capítulo III, Título II “Emisoras” del TO. 2013, se aplican en materia de independencia , sin distinción entre CP y abogados, las normas de la FACPCE, es decir la RT 34, que adopta el Código de Ética Internacional (CEI - IESBA), mucho más exigentes que la RT 37.

Investigación de la actividad de la sindicatura

Para obtener conclusiones sobre el objetivo de este trabajo, se analizaron los últimos informes anuales de veinticinco sociedades cotizadas anteriores a septiembre de 2023, de las cuales diecinueve integran el panel líder: diez se encuentran conformadas por CP; dos por abogados; siete por dos CP y un abogado; cinco por dos abogados y un CP; y una por tres abogados y dos CP.

El estudio reveló que todas las CF basaron su trabajo en la auditoría realizada por una firma de CP independientes, opción admitida por las normas argentinas, y que además cumplieron con las otras obligaciones legales de síndicos. Ninguna realizó per se el trabajo completo. Veintidós de ellas manifestaron haber cumplido con las normas de sindicatura (NS) de la FACPCE y “revisado”, “examinado” o “considerado” la labor del auditor o su informe. Las restantes, señalan solo haber cumplido con disposiciones legales, excepto una que expresa que únicamente sus contadores integrantes cumplieron las normas de la FACPCE.

En cuanto a la opinión emitida en los informes de CF de las sociedades investigadas, sin distinción por profesión, en veintidós informes se opina sobre la razonabilidad de la información que brindan los EC según las NC aplicables. En las restantes, pese a tratarse de EC de ejercicio y que para ellos no se admite en la Argentina dictaminar con seguridad limitada, se lo hace igual usando la expresión: “no tenemos observaciones que formular”. Ninguna de estas está compuesta solo por abogados. Curiosamente, las dos integradas solo por abogados, además de señalar que cumplieron con NS de la FACPCE, opinan sobre la razonabilidad de los EC conforme a las NC aplicables, tal cual lo hacen los CP. El formato de los informes sigue, en general, el modelo FACPCE con subtítulos, y algunas emplean solo párrafos usualmente numerados. Para estas sociedades rigen las RT 15, RT 32, 33 y 34.

En sociedades no cotizadas, la investigación mostró que una proporción de sindicaturas las ejerce el propio auditor, quien emite informes separados por cada actividad. No se encontraron sindicaturas plurales en este ámbito, excepto algunas del art. 299 (reguladas). En cuanto a los informes emitidos por síndicos no auditores, que fueron la mayoría, el resultado fue semejante a los informes de sociedades cotizadas: el síndico siempre se apoya en el trabajo del auditor y la redacción del alcance y la opinión son semejantes a las cotizadas tanto se trate de síndicos CP como abogados. Para este ámbito, rigen las normas contenidas en la RT 15 y 37, solo que estas no están dirigidas a los abogados, aunque ellos manifiestan aplicarlas. Téngase presente que las obligaciones del síndico incluyen tareas de auditoría o de revisión según corresponda.

Desarrollo del trabajo de la sindicatura en los casos investigados

Dado que la enorme mayoría de sindicaturas individuales y plurales, sean de abogados, CP o mixtas basan su actuación en el trabajo del auditor, la obligación que asumen y manifiestan es revisar el trabajo de auditoría. Esto constituye un verdadero desafío para los no expertos en auditoría, particularmente para los abogados.

Los cambios producidos a la RT 15 en el año 2016 (RT 45) y en 2022 (RT 55), solo reformaron cuestiones vinculadas a los cambios en las normas internacionales de auditoría: informe, temas menores y de redacción. Cabe destacar que no se tuvo en cuenta la práctica predominante en la Argentina, y que, si se hubiera investigado, es probable que hubiesen tenido respuesta las cuestiones que siguen.

A modo de cierre

Para cumplir las exigencias del art. 294 de la LGS no se discute que la sindicatura debe efectuar la auditoría o la revisión, según el caso. En la práctica, los CP por obligación y la mayoría de los abogados por opción dicen poder cumplirlas seleccionando la opción de examinar el trabajo del auditor y basarse en él para emitir su informe.

Resulta difícil para un abogado revisar el trabajo del auditor a menos que esté asistido por un contador público experimentado. Dado que los abogados no tienen normas específicas al respecto y la RT 15 es limitada en cuanto a las exigencias de esa revisión, sería útil ampliar el alcance, naturaleza y momento del examen de los PT, como así también los resguardos que el síndico debe proveer al auditor, y las conclusiones de PT clave que este debería exhibirle y proporcionarle al síndico para orientar el examen del trabajo realizado, tal como se mencionó más arriba.

Por otra parte, es razonable admitir que las CF mixtas son útiles cuando sus miembros son idóneos. La interacción entre CP y abogados potencia la efectividad y eficiencia de su misión. Sin perjuicio de ello, creemos que las NS deben tratar esas relaciones interprofesionales más si se tiene en cuenta que la responsabilidad entre ellos es solidaria. Esto se potencia al advertir que no es usual en las CF mixtas la existencia del “affectio societatis”, pues es común que la elección de sus miembros derive de distintos grupos de accionistas. A eso se agrega que no está prevista en la LGS la división de responsabilidad por competencia profesional. Así entonces, la ampliación de las reglas de actuación sugeridas supliría esa carencia y ofrecería una base de solución en caso de conflictos.

Finalmente, entendemos que deberían equipararse las condiciones de independencia entre CP y abogados, que la regulación propuesta es preferible que sea encarada por los organismos representativos de cada profesión y que lo sea a modo de recomendación, protocolo de actuación u obligación, lo que se juzgue más conveniente.